Gatopardismo constitucional o paradigmas
En reiteradas ocasiones, y por diversos medios, he señalado y criticado el carácter deficitario de nuestra democracia e institucionalidad político-jurídico, y las veces que se ha recreado la reforma constitucional, hemos sido enfáticos en que esta no debe instrumentalizarse para nimiedades o enfoques de corto alcance, que en nada alteran los correlatos o paradigmas, que concurren a mantener el estado de desazón y contradicciones que sobrevienen como consecuencia de un desgaste serio y abrumador de nuestra débil y precaria institucionalidad, que de democrática le queda muy poco.
Desafortunada ha sido la historia constitucional de nuestra patria grande, Latinoamérica, cuyos procesos reformistas han adolecido de lo que en ciencia política se conoce como el gatopardismo constitucional, es decir, producir cambios para que nada cambie, salvo excepciones, como la reforma constitucional de 1941 y 1946, que en nuestro país, por lo menos desde el punto de vista de un constitucionalismo moderno, le permitió al Estado panameño dar un salto de calidad importante, sobre todo, en lo que respecta al constitucionalismo social de la época, inspirado y trabajado por extraordinarios juristas de la talla de José Dolores Moscote, Don Ricardo J. Alfaro y Eduardo Chiari.
RECHAZAMOS, Y SIEMPRE LO HEMOS HECHO, ESA MANÍA QUE NOS VIENE DE LA HISTORIA PASADA DE HACER DIVERSIONISMO POLÍTICO, ...
En el caso colombiano, su Constitución del inicio de la década de 1990 amplió la democracia electoral y remozó su jurisdicción constitucional.
En consecuencia, no somos partidarios de ningún debate sobre reformas constitucionales que, en su origen, revele senectud y más de lo mismo.
Rechazamos, y siempre lo hemos hecho, esa manía que nos viene de la historia pasada de hacer diversionismo político, lo que no soluciona los profundos y reales dilemas de nuestra República.
Exhortamos al debate de fondo; cuestiones como la Corte Constitucional, la elección del procurador por votación popular, el reforzamiento institucional y coactivo de la institución de la Defensoría del Pueblo, la democracia participativa, la creación del Consejo de Magistraturas tienen que ser parte del debate. De lo contrario, seguiremos en la lógica del trompo, dando vueltas para volver siempre a lo mismo.
