Gobernabilidad
En Panamá, se mantiene de forma recurrente el debate sobre la importancia e impacto de la gobernabilidad y las instituciones como elementos fundamentales para alcanzar un grado deseable de gobernanza que permita encauzar el país en ruta hacia metas de desarrollo económico y humano con inclusión social. Sin el respaldo de un sistema institucional y político desarrollado, los mejores diseños de políticas económicas pueden venirse abajo, lo que evidenciaría lo artificial que es separar la economía de la política.
Hay tres elementos que ayudarían a superar las deficiencias que presenta la estructura política e institucional de nuestro país para alcanzar el desarrollo humano con inclusión social, para lograr una mejor distribución de la riqueza. Primero, se requiere una gobernabilidad efectiva basada en la prevalencia de la verdad y transparencia en todo el accionar de los que gobiernan. Los miembros de la sociedad deben mantener la confianza en las autoridades para promover una gobernabilidad democrática efectiva. La eficacia, legitimidad y estabilidad en el ejercicio del poder político son los componentes básicos de la gobernabilidad. Si los gobernantes no muestran un desempeño eficaz e incumplen sus promesas, estarían provocando que la sociedad ponga en entredicho su capacidad para gobernar.
Al no materializarse un funcionamiento efectivo del Gobierno, se crea un clima de ingobernabilidad, que se traduciría en una manifiesta debilidad estatal e institucional. Un Gobierno capaz, efectivo y eficaz es necesario para garantizar la seguridad pública y el respeto a la ley, y consolidar la democracia con miras a lograr el desarrollo económico y social deseado.
En un ambiente de ingobernabilidad, la institucionalidad del Estado se debilita. Un Estado eficaz requiere como segundo elemento esencial de una institucionalidad con reglas claras y respetadas en cuanto al accionar independiente de cada poder del Estado. Las instituciones deben fortalecerse para coadyuvar a un crecimiento económico que abone la reducción de la pobreza y una mejor distribución de la riqueza.
De existir deficiencias, se pueden introducir reformas a las instituciones del Estado, incluyendo la Constitución Política, el poder judicial, la legislatura, los Gobiernos locales y la fuerza policial. Todo se mueve en torno al principio de una efectiva separación e independencia de los poderes del Estado. La Constitución Política vigente promueve un Ejecutivo muy fuerte, que se sustenta en una mayoría predominante en el parlamento y en un partido político de gobierno omnipresente.
Como tercer elemento para lograr un crecimiento con calidad humana, además de una gobernabilidad efectiva e instituciones diseñadas con tal propósito, es necesario la aplicación democrática de un régimen de justicia con garantías de protección a los derechos individuales de los miembros de la sociedad, lo que no se logra con un gobierno autocrático o de corte dictatorial. En estos aspectos, frecuentemente intervienen organizaciones de la sociedad civil. Estas no son tan civiles como aparentan y no son tan “no gubernamentales”, pues muchas están muy politizadas.
