Gobernando con la opinión pública
No existe la posibilidad de avanzar hacia una democracia moderna sin un sistema de partidos políticos que funcione. Esta afirmación toma aún más sentido cuando los partidos pierden la perspectiva sobre los proyectos de país que deben encarnar, o cuando se rompen los puentes con la sociedad. Si la política se vuelve indiferente de la vida de las personas, constituyéndose en un espacio cerrado en el cual lo único que se dirime son ambiciones individuales por cuotas de poder, es lógico que la democracia tienda a degradarse.
¿Pero qué podemos esperar de un Gobierno cuya principal estrategia institucional la recibe de un mecanismo de encuestas inmune a los reclamos de la sociedad de cambiar las prácticas partidistas de antaño? Es lógico entender que las expectativas de un gobierno descansen en la opinión pública, pero hay que comprender igualmente que la opinión pública es una expresión que traduce una realidad multiforme, volátil, fragmentaria, en muchos casos epidérmica y carente en su mayoría de representación político-partidaria. Y a veces esta misma opinión pública suele revelar humores cambiantes e intereses heterogéneos de la sociedad, fenómeno que cobra mayor visibilidad y fuerza por la presencia cada vez más influyente de los medios de comunicación en la conformación del espacio público.
Ahora bien, si en Panamá los partidos no son el reflejo de la sociedad y la opinión pública es volátil, ¿cómo se articula un consenso activo que sostenga la institucionalidad y colabore con un Presidente portador de visiones providenciales, que dice ser el artífice central de la tarea de convertir a Panamá en un país de primer mundo?
Si bien el Presidente sigue siendo bien visto por la mayoría de los sectores de la sociedad panameña, es la sociedad misma la que más influye en la conformación de los climas de opinión. Por tanto, su presencia es necesaria como componente esencial de la vida política, capaz de mediar la relación entre las demandas de la opinión pública y el poder político. Si sindicatos y docentes se han quejado y exigen su reivindicación, y partidos de oposición se han retirado a un segundo plano como expresión de protesta, es importante que el Presidente refuerce su vocación transformadora y genere los cambios prometidos.
De la misma manera que es dañino para la democracia renegar de la política y cuestionar la existencia de los partidos, también lo es minimizar el sentido y la fuerza de la sociedad en cada una de sus manifestaciones, ya sean éstas demandantes de precios justos o una mayor seguridad ciudadana. Al fin de cuentas, los cambios que requiere el país son algo más que nuevas ingenierías institucionales: es necesario un tipo nuevo de dirigentes honestos que las protagonicen y ejecuten. De lo contrario, el Gobierno seguirá detrás de la opinión pública como interpretadora de los movimientos de la sociedad sin atinar a producir propuestas y mucho menos liderarlas. Si el concepto de percepción y la importancia de las encuestas no se asocia a la realidad, el Gobierno corre el riesgo de ser un mero actor teatral y demagógico, vacío de contenido, es decir, más de lo mismo.
El vínculo presidencial con la opinión pública no debe ir en desmedro de la institucionalidad irreemplazable a la hora de garantizar la gobernabilidad o definir los apoyos que se requieren para hacer un buen gobierno. El hecho de que el sistema le deba a la autoridad presidencial una cuota importante de esa legitimación política debería ayudar a producir un salto cualitativo que supere la persistente fragilidad institucional y pueda armonizarse con las nuevas formas de expresión mediática y ciudadana.
