Gobierno y realidad
Para introducir reformas sociales en Panamá, se necesita de un componente significativo de viabilidad política e institucional que permita alcanzar los resultados previstos. Este tipo de cambios requiere procesos altamente políticos, en los cuales hay que movilizar muchos grupos dentro del Estado y en la sociedad misma, cuyos intereses pueden verse afectados por los cambios previstos en las políticas. La legislación requerida y su implementación resultan factores clave para determinar la factibilidad de los cambios de políticas, al igual que sus resultados finales.
Las instituciones son fundamentales para el desarrollo y al mismo tiempo la gobernabilidad democrática está en la base del proceso para tener instituciones efectivas que permitan lograr un desarrollo económico y social sostenible y se sigan profundizando estos procesos de cambios en Panamá.
Este término es cada vez más complejo, lo que hace difícil su conceptualización. Se acepta el concepto de gobernabilidad como el referido al fortalecimiento de medios de estabilidad política consolidados mediante procesos democráticos legitimados dentro de un sistema político y de las instituciones estatales.
La gobernabilidad debe conducir al desarrollo de políticas públicas diseñadas dentro del contexto político vigente para enfrentar los desafíos y oportunidades que se plantean a la administración del Estado. Desde esta perspectiva, la gobernabilidad supone estabilidad política y condiciones básicas para la toma de decisiones en el sector público. También requiere de la existencia de instituciones y capacidades necesarias para reconocer y enfrentar colectivamente los retos y oportunidades que se presenten.
Gobernabilidad no se refiere a la distribución del control de los poderes del Estado ni de sus instituciones. Incide la calidad del sistema institucional o reglas del juego, y en el otro extremo las capacidades de los actores sociales que participan en la sociedad.
La gobernabilidad, en su concepto real, debe apoyar la resolución efectiva de los problemas que enfrenta la sociedad, de modo que se logre el desarrollo social y económico sostenido en un contexto en que libertades básicas y garantías constitucionales estén razonablemente asegurados.
Debemos estar conscientes de que la gobernabilidad no es un fin en sí misma, sino una condición necesaria y no suficiente para generar desarrollo mediante políticas públicas dentro de un contexto normativo y de control. La “real gobernabilidad” debe promover instituciones eficaces y favorecer la consolidación de un modelo de desarrollo con la mayor inclusión social posible.
