Grave componenda
La diputada Zulay Rodríguez confirma que varios diputados del PRD se reunieron durante cinco horas con el presidente Juan Carlos Varela en el Palacio de Las Garzas. En dicha reunión, se habría tratado con los diputados del PRD la elección de Federico Humbert a cambio del manejo de partidas millonarias. En otras palabras, Humbert sería contralor como fruto de componendas políticas venales pactadas con diputados del PRD. El partido antes dijo que tiene candidato propio.
La extralimitación de funciones presidenciales y la injerencia política en decisiones que, por mandato constitucional, corresponden a la Asamblea Nacional y no al Órgano Ejecutivo se entrelazan como fuente de un posible enjuiciamiento legislativo del mandatario. Este procedimiento sería factible en una concepción rigurosa del Estado de Derecho. Sin embargo, no existen garantías de la viabilidad del procesamiento legislativo dentro del marco de violación permanente del Estado de Derecho que marca la gestión del gobierno panameñista.
Varela se caracteriza por el desbordamiento continuo de la separación de los poderes públicos. La demanda pública de que el magistrado Alejandro Moncada Luna revele la declaración de su patrimonio constituye otra injerencia intolerable en el Órgano Judicial y la revelación de que las informaciones periodísticas desmentidas sobre la adquisición de inmuebles pertenecen a una clara sincronización para desestabilizar a un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Varela debe dar el ejemplo de lo que a otros exige, presentando a la ciudadanía la relación y montos de las donaciones que financiaron su campaña electoral, incluyendo los cheques de la fundación investigada por la justicia de Estados Unidos.
No tiene autoridad moral para denunciar inmoralidades si hace lo mismo. No pueden anularse elecciones de diputados con denuncias de uso anómalo de fondos públicos si se usa la caja fiscal para sobornos políticos, según versiones difundidas en las redes sociales. No puedes calificar el PAN como la cueva de Alí Babá si tú también estás en la cueva. Los delitos de peculado tienen presencia en el Código Penal: “El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma o consienta que otro se apropie o sustraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia, le hayan sido confiados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. La pena será de 15 años si la cuantía de lo apropiado supera la suma de 500 mil dólares” (artículo 322).
Existen diversas formas de peculado tipificadas por el Código Penal en el capítulo de delitos contra la administración pública. El artículo 335 B sanciona con prisión de 6 meses a cuatro años e inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término de la pena principal a quien “invocando influencias, reales o simuladas, reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero, dinero, bienes, dádivas o cualquier provecho económico o acepte sus promesas, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de un servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer.
“Los asistentes a la reunión de Las Garzas quedarían desplumados y en prisión si llegaran a recibir las promesas crematísticas tipificadas como peculado. Consulten con los asesores legales del PRD para que asuman conciencia de lo que podría descargar sobre ellos si venden sus votos para nombrar al contralor, procurador o cualquier otra posición estatal.
