Grave denuncia
El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, reconsideró su decisión de renunciar a su cargo. Aunque existen opiniones encontradas sobre su acción, todos coinciden en que este ministerio es clave para garantizar la seguridad en el país.
En medio de sus declaraciones, Mulino hace referencia a un episodio muy delicado que no puede pasar por alto. Un oficial y una asesora de la Policía Nacional lanzaron amenazas de “cerrar filas” para evitar que se pusiera en marcha la propuesta de crear un consejo disciplinario que evalúe los casos de los policías vinculados a denuncias internas.
Esa clase de amenazas son muy peligrosas en un país donde la democracia reina desde hace años.
La posición de estos miembros de la policía va en contra de los principios de la propia institución.
En el país existen más de 16 mil unidades de policía, por lo que las denuncias por abuso de autoridad o actos de corrupción siempre existirán.
Lo correcto es que un organismo independiente investigue a esos policías y de ser necesario aplique las sanciones correspondientes. Eso no es nada nuevo en países más desarrollados.
La propuesta de crear este consejo se ha discutido por varios meses, incluso con consultores externos y países aliados como Estados Unidos. No se trata de un capricho ni de un iniciativa para ir en contra de los policías, por lo contrario por la información que se divulgado pretende darle más transparencia a los procesos internos.
En las instituciones del Estado es permitido que los subalternos difieran de opiniones o propuestas, pero no debe ser admitidas las amenazas y menos a un ministro de Estado. Esta situación debe servir de antecedente para que no vuelvan a ocurrir.
