¿Hacia dónde va la justicia?
La justicia en Panamá va por muy mal camino. Si los ciudadanos no asumimos inmediata conciencia de los peligros que entraña el ignorar los Derechos Humanos, como la base fundamental de la convivencia pacífica, son muy graves los peligros que se ciernen sobre nuestra nación.
Los Derechos Humanos, consubstanciales al ser humano, vienen siendo una especie de contrato social mundial que la humanidad viene acordando, especialmente desde el siglo XIX, pero todo indica que los esfuerzos por validarlos, no consienten descanso. Con qué facilidad olvidamos que la humanidad ha colapsado en grandes confrontaciones violentas, tan sólo porque la ignorancia, el olvido o el irrespeto de los Derechos Humanos, fue ganando terreno.
Es importante acabar de una vez por todas en nuestro país, con la falsa y absurda creencia de que los Derechos Humanos son para favorecer delincuentes. La vigencia de los Derechos Humanos en la investigación penal, conlleva el permanente afán de la investigación eficaz lo que, a la vez, previene contra responsabilidades internacionales por incumplimientos en la tarea de investigación penal. Los Derechos Humanos reconocen que la obligación de investigar es de medios, más que de resultados, pero no por ello desisten en la tarea de vigilar que tales medios cumplan con los requerimientos mínimos dirigidos al óptimo esfuerzo durante la investigación penal.
El actual Gobierno con sus actuaciones cotidianas, ha olvidado que “La Justicia se fundamenta en el respeto de los Derechos Humanos”. Estas palabras del Papa Juan Pablo II, pronunciadas hace más de dos lustros con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, reclaman hoy más vigencia que nunca.
Los constantes escándalos de corrupción que azotan día a día la administración de justicia, confirman que el tema de la reforma judicial no es considerado en orden de prioridad en la Agenda de Estado del gobierno, que la transparencia e independencia judicial no constituye para nada uno de los temas fundamentales y que la suprema labor de administrar justicia responde más y más, a intereses particulares o político partidistas.
Los nuevos escándalos que emergen en el sistema de justicia a través de la actuación de la Corte Suprema de Justicia, las Procuradurías, las Fiscalías y Personerías, las Corregidurías, los Juzgados Nocturnos, Migración, para no mencionar los abusos de autoridad y extralimitación de funciones de los policías que olvidan que son solo agentes de la autoridad, nos demuestran que una clase política parasitaria, sin interés alguno por resolver los problemas de la justicia, marcan el camino que conduce a la violación de nuestros de Derechos Humanos.
Las acciones del actual gobierno derivan en un aumento de la ya vapuleada esperanza ciudadana, hacia un cambio en la justicia. No olvidemos la postergación de la entrada en vigencia del sistema acusatorio penal, despreciando así la oportunidad para acercar más la justicia hacia las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos y repudiando, entre otros el “Artículo 14: Respeto a los Derechos Humanos. Las partes en el proceso penal serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Los derechos y las garantías que consagran la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y este Código deben considerarse como mínimos, prevalentes y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona”.1
1. Ley 63 de 28 de agosto de 2008, que adopta el Código Procesal Penal. Gaceta Oficial No. 26114 de viernes 20 de agosto de 2008.
