Hacia una estrategia de desarrollo nacional
La consecución de un verdadero estilo de desarrollo nacional que apunte hacia la consolidación de la nación, instale una real democracia participativa y deliberativa, se sustente en la equidad y la justicia social, a la vez que se sustente en el pleno respeto a la naturaleza, conlleva la necesidad de guiar al país hacia una estrategia cónsona con estos objetivos. Esta deberá reemplazar el actual funcionamiento concentrante, excluyente, depredador y corrupto que, lastimosamente, ha venido caracterizando el devenir de nuestro país.
Para que el país se coloque en la trayectoria de un real desarrollo nacional hace falta transformar la actual política económica, que considera a nuestra economía como un simple apéndice y apoyo de la acumulación de beneficios y riquezas de los sectores económicos dominantes globalizados. Para este fin, sin que esto signifique dejar de reconocer la importancia que tienen los sectores generados de servicios de exportación, la nueva política económica deberá apuntar hacia la constitución de un verdadero sistema económico nacional, en el que se dé una amplia articulación de los diversos sectores productivos y donde la producción para el mercado interno juegue un papel destacado. El país, a diferencia de lo que proponen los anteriores y actuales gobernantes, no puede ser concebido como un simple conjunto de enclaves.
Esto lleva a su vez a dos objetivos fundamentales. En primer lugar, al desarrollo de un proyecto de reindustrialización del país. Este, para ser efectivo y viable, deberá hacerse en forma tal que apunte hacia el mercado local y regional, entendiendo que para este fin se debe avanzar hacia formas de integración que los principios de la solidaridad y la división del trabajo fundamentada en la complementariedad. En segundo lugar, se trata de promover el objetivo de la seguridad y soberanía alimentaria, para lo que se hace indispensable la promoción y protección de la producción del sector agropecuario. En ambos casos el país deberá deshacerse, por renegociación o denuncia, de las trabas que impone a estas tareas el Tratado de Promoción del Comercio.
La nueva política de desarrollo debe retomar la idea de que el desarrollo social, sustentado en el desarrollo de la educación, la salud, la seguridad alimentaria y la seguridad social para todos, es parte integrante de la obligación para con los derechos humanos, así como parte integral de la política de desarrollo. Se trata de elementos indispensables, que resultan necesarios para el progreso de los recursos humanos, así como del proceso de avance y difusión tecnológico. La utilización de tecnologías adecuadas al ambiente, tales como la agroecología, deberán ser una prioridad del Gobierno, el cual deberá asignar los recursos necesarios para fines de investigación y desarrollo. Consecuentemente, el compromiso con el respeto de la naturaleza, así como con las futuras generaciones, imponen que el proceso de desarrollo se dé dentro de una trayectoria que asegure la necesaria sostenibilidad ambiental. Esto, desde luego, solo será factible si la política se diseña y practica respetando plenamente el principio de la soberanía nacional.
EN ESTE CONTEXTO RESULTA INDISPENSABLE DECLARAR A PANAMÁ COMO PAÍS LIBRE DE MINERÍA.
El financiamiento de las políticas públicas de la estrategia aquí propuesta se basa en tres principios básicos. En primer lugar, se deberá asegurar que la nación se apropie efectivamente de la renta que generan sus recursos naturales, siendo la principal la proveniente del Canal de Panamá. En segundo lugar, se tendrán que promocionar las formas de inserción al mercado mundial que eviten el intercambio desigual, que se expresa en pérdidas del excedente nacional. En tercer lugar, habrá que asegurar la equidad tributaria, para que quienes más se beneficien también sean quienes más aporten a las necesidades del bien común. La renta del Canal no puede seguir siendo un medio para que los sectores económicamente dominantes no cumplan con sus responsabilidades tributarias.
Así mismo, la potenciación de los recursos públicos pasa por el combate contra la corrupción que limita los recursos necesarios para el desarrollo de la infraestructura económica y social indispensable hacia la inversión en los recursos humanos. También es fundamental que los gobiernos dejen de utilizar el poder del Estado como mecanismo de rapiña, despojo y saqueo de la riqueza nacional a favor de los sectores económicos y políticos dominantes.
La consecución de una política alternativa como la aquí expuesta solo será factible a partir de la construcción de una fuerza social y política alternativa independiente. Sobra decir, entonces, que se trata de una tarea inaplazable para quienes creemos que un futuro mejor es posible para Panamá.
