Halloween político
La alta dirigencia del PRD se plantó con firmeza y no se doblegó al intento del gobierno panameñista de negociar el nombramiento del contralor a favor de su candidato, instrumentando un Halloween de corrupción. La noche de brujas y demonios fue exorcizada por la valiente posición de los directivos del PRD, de oponerse a que una bancada de 12 diputados del partido panameñista impusiera al postulante oficialista disfrazado como independiente.
Ante la limitación numérica de su bancada, el gobierno desplegó negociaciones reñidas con la legalidad y la moralidad política del PRD. Benicio Robinson y Carlos Pérez Herrera, como autoridades máximas del PRD, desbarataron la estrategia oficialista en defensa del prestigio y la disciplina estatutaria de la organización.
Con mano de hierro, pero supeditándose a los estatutos, Robinson y Pérez Herrera mostraron disposición para revocarle el mandato al puñado de diputados que se prosternan a los pies del presidente Juan Carlos Varela, abogando por el nombramiento de Federico Humbert. Si el PRD no expulsa a los desertores, caerá en un marasmo político que desdibujaría su presencia histórica.
Pero el diablo es puerco y no cesará en sus artimañas. La postergación de la elección a enero de 2015 le dará más tiempo al Gobierno para dividir al PRD. Entre las opciones democráticas de las bancadas legislativas se yergue la opción de construir un consenso multipartidario para escoger algunos de los postulantes independientes a la Contraloría y la subcontraloría.
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, asumió con autoridad de ser el representante de los católicos panameños, la posición del pueblo que reclama funcionarios idóneos para fiscalizar el uso de los recursos públicos, sin sumisión al Gobierno, con imparcialidad, sin desencadenar cacerías de brujas, disfrazadas de presuntas irregularidades en el ejercicio del control previo y del control posterior, como establece la Constitución.
El texto constitucional es muy claro: habrá un organismo estatal independiente denominado Contraloría General de la República, cuya dirección estará a cargo de un funcionario que se denominará contralor general, secundado por un subcontralor, quienes serán nombrados para un periodo igual al del presidente de la República, dentro del cual no podrán ser suspendidos ni removidos, sino por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de causas definidas por la ley.
No obstante los dispositivos constitucionales, el gobierno se obstina en negociar el nombramiento que solo corresponde a la Asamblea Nacional. Tal es la obsesión inconstitucional que no se aprobó el presupuesto general de 2015 sobre el que pesa el doble lastre de haber sido devuelto por la respectiva comisión y elevar el porcentaje del déficit al 4%, casi el doble de lo establecido por la ley de responsabilidad fiscal.
Ingresaremos al año 2015 sin presupuesto aprobado por la asamblea, dentro de un contexto económico de inflación y progresiva recesión por ausencia de inversiones privadas.
El desbarajuste gubernamental panameñista marchita el antiguo fervor por las efemérides de noviembre. No se ven banderas en las residencias ni en los autos. El escepticismo ciudadano opaca los signos exteriores del patriotismo. Marchas callejeras, piqueteos, baja de compras ensombrecen el panorama nacional.
