¿Hasta cuándo manosean el Código Electoral?
Cuando quieras que algo nunca termine o se aclare, nombra una comisión. Esa máxima ha sido práctica histórica de políticos marrulleros. En Panamá hemos tenido aventajados exponentes de esa deleznable táctica; pero los merecedores indiscutibles del primer premio son los flamantes magistrados del Tribunal Electoral. Ellos, en un contubernio vergonzoso con los dirigentes de los partidos políticos, han estirado por años sin cuenta las discusiones sobre reformas al Código Electoral. La última ronda de ese sainete lleva medio año y, según el descarado pronóstico del TE durará hasta bien entrado el próximo año, 2011.
En esos debates, cuyo costo no conocemos y que se desarrollan semanalmente en la Cámara de Comercio, ningún tema verdaderamente importante ha sido abordado con propósito de enmienda. Los poquísimos cambios “acordados”, aparte de evadir los “temas gordos”, carecen de efectos vinculantes. Al final, los diputados, tanto de gobierno como de oposición, harán con el informe final lo que les venga en ganas.
Lo que el pueblo panameño independiente, que es la mayoría, y detesta la sinvergüenzura institucionalizada en que se han convertido los partidos políticos, quiere se los resumo: 1) Que se acabe la “inmoralidad” de los subsidios electorales directos a los partidos. En un país con tanta pobreza, donde las escuelas se caen a pedazos y hay niños que día tras día se acuestan sin probar una comida caliente, y hasta mueren de hambre, es un crimen que a los partidos se les entreguen decenas de millones para “gastos de funcionamiento y el pago de sus burocracias parásitas”. 2) Que a los candidatos, principalmente a los presidenciales, se le obligue a revelar “sus fuentes de financiamiento”. 3) Que sea incompatible recibir subsidios electorales y aportes de fuentes privadas. Si reciben contribuciones privadas deben perder el derecho a recibir subsidios electorales pagados con fondos públicos. 4) Que se establezca la “doble vuelta electoral”; que no requiere, como se ha vendido, de reforma constitucional alguna. La razón por la que no se establece, cuando actualmente existe en prácticamente todos los países latinoamericanos, es porque certificaría la defunción de las execrables “alianzas políticas”, mediante las que los partidos, parten y se reparten anticipadamente el poder. 5) Que se reconozca a los electores el derecho “a revocar” los mandatos de todos los funcionarios electos, comenzando por la Presidencia de la República. 6) Que se reglamente la postulación independiente para la presidencia. Declarado inconstitucional el Art. 233 del Código Electoral, que eliminó el monopolio de los partidos sobre las candidaturas presidenciales, el Tribunal debió, de manera inmediata, proponer su reglamentación. Ha transcurrido más de un año; pero el “diligente triunvirato” nada ha hecho en esa materia.
Para convertir en “realidad legislada” esas legítimas aspiraciones populares, basta un proyecto de Ley que vaya directamente al grano. Los interminables debates de la “comisión de reformas” sólo sirven para dilatarlas y posponerlas, hasta que, por la proximidad del torneo electoral, sean inoperantes. Mientras tanto, el triunvirato y los partidos políticos seguirán sangrando el erario mediante los subsidios y preparándose para seguir jugando con las mismas reglas, que les aseguren que en el 2014 volverán a medrar a costillas del pueblo y seguirán burlando sus ansias de que en Panamá exista una verdadera democracia.
