Hay que investigar
El Gobierno anunció que le retirará la competencia a la Dirección Nacional de Migración para emitir las denominadas visas restringidas, en una acción que más bien parece encaminada a echarle tierra al escándalo de presunta corrupción en la institución.
El Ministerio de Seguridad prepara un decreto ejecutivo para transferir esta responsabilidad al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, previa autorización del presidente de la República, Ricardo Martinelli.
Se trata de visas para ciudadanos provenientes de China, Cuba, Pakistán, India, Emiratos Árabes, Filipinas, Bulgaria, Angola, Camerún y Zimbabwe, entre otros países, que involucran temas de seguridad regional y por las cuales hay personas interesadas en pagar mucho dinero.
El tema de las visas restringidas cobra mayor importancia ahora que tropas élites de Estados Unidos mataron al líder terrorista de Al Qaeda, Osama bin Laden, debido a que el Canal de Panamá es un posible blanco para ataques.
La responsabilidad de emitir estas visas nunca debió abandonar la esfera más íntima del Presidente de la República ni del Consejo de Seguridad y menos dejarse en manos de una institución tan cuestionada durante los últimos años como lo es Migración.
Por los escándalos desatados en Migración desde la época de la dictadura militar, bien podría tomarse como cierta la calificación que le atribuyen algunos abogados al llamarla “un mercado persa”.
El mecanismo que anuncia el Gobierno para otorgar nuevas visas parece transparente, si efectivamente todas las aprobaciones son publicadas en los medios de comunicación social con la foto del beneficiario, su número de pasaporte, nacionalidad, tiempo y motivos de estadía en Panamá.
No obstante, queda un tema pendiente. Las denuncias de supuesta corrupción a los más altos niveles en Migración deben ser investigadas con apego al Derecho.
La credibilidad del Gobierno y del Ministerio Público estará en entredicho si este caso queda engavetado como muchos otros.
