Hay que investigar
En la provincia de Veraguas se han hecho denuncias muy graves sobre presunta coacción política por parte de facilitadores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en contra de los beneficiarios de los programas 100 a los 70 y Red de Oportunidades.
Residentes y autoridades locales del distrito de Calobre denunciaron que promotores del MIDES amenazaron a beneficiarios de ambos programas sociales con excluirlos si no se inscribían en los partidos Cambio Democrático y Panameñista.
Esta actitud, de ser cierta, evidentemente encajaría en la conducta que es tipificada como delitos penales y electorales en nuestro ordenamiento jurídico.
Fuera del aspecto penal, es despreciable desde todo punto de vista la utilización de recursos públicos destinados a los sectores más necesitados del país para lograr beneficios particulares y políticos.
Las denuncias hechas en Veraguas no son anónimas; las personas que las hicieron dieron la cara. Y si bien algunos de los denunciantes son miembros del opositor Partido Revolucionario Democrático, el Ministerio Público y la Fiscalía Electoral tienen la obligación de investigar la veracidad de las mismas.
La situación no debe quedar, como pretenden funcionarios del MIDES en Veraguas, en una investigación administrativa interna, que seguramente no arrojaría ningún fruto positivo.
Los señalamientos que hacen los denunciantes son muy graves. Se habla incluso de la retención de las cédulas de beneficiarios de estos programas para inscribirlos a la fuerza en estos partidos.
La sociedad panameña no puede admitir, bajo ninguna circunstancia, el manejo de los recursos públicos con criterio político.
Los programas 100 a los 70 y Red de Oportunidades llegan a la esencia de los grupos más necesitados de este país. Son iniciativas nobles que, bien manejadas, pueden servir de ejemplo para cualquier país del mundo de lo que es el manejo del dinero público con sentido social. De lo contrario, demostrarían cómo, una vez más, los políticos se burlan de su pueblo.
