Hay que rectificar la institucionalidad

Bastantes comentarios he leído sobre la falta de institucionalidad en la República de Panamá y estoy totalmente de acuerdo con que es urgente una rectificación de actitudes a este respecto. Cualquiera y todos quieren decidir y dirigir el país por encima de las instituciones establecidas en la Constitución.

Así vemos que muchos particulares, como también de medios de comunicación, determinan y publican como cierta la inconstitucionalidad de cualquier ley, sobrepasando a la Corte Suprema de Justicia, que es el guardián de dicha constitución, e igualmente sobrepasan a la Asamblea Nacional de Diputados, cuyos miembros fueron elegidos por la ciudadanía para legislar, al determinar la conveniencia, legalidad o no de cualquier proyecto de ley.

Sobre lo anterior, sin tomar en cuenta que cualquier grupito de extremistas exaltados, bajo cualquier excusa insignificante y con el apoyo de políticos opositores, de los medios de comunicación y de algunos empresarios despistados, cierra calles en violación al artículo 27 de la Constitución, saquea comercios, destruye propiedades y paraliza la economía del país, en perjuicio de todos los ciudadanos (caso ciudad de Colón y Sindicato Único Nacional de la Construcción y Similares -Suntracs- en Panamá, los más recientes); y a las unidades de la Policía Nacional se les condena por restablecer el orden público.

Los conductores del metrobús inician un paro instantáneo, no anunciado, porque quieren mejor sueldo; pero basándose en su poder de alterar el orden público y no mediante la búsqueda y obtención de otro trabajo mejor remunerado, causando perjuicios económicos a cientos de miles de usuarios.

Los bomberos también deciden instantáneamente irse a un paro pero, además, también contraviniendo la ley, toman los vehículos y equipos de la institución y los usan para cerrar calles y alterar más el orden público.

Un grupo de indígenas cierra la carretera internacional, contraviniendo, además de la Constitución que garantiza el libre tránsito, tratados internacionales; y mantienen secuestrados por 10 días a decenas de personas nacionales y extranjeras, un delito gravísimo tipificado en los códigos penales del mundo entero.

Además de que impiden el libre desempeño de sus actividades que les sustentan a más de tres millones de panameños, solamente porque dicen que los proyectos hidroeléctricos -que ni siquiera están dentro de la comarca- les perjudican y van a afectar seis casas de indígenas.

Peor aún, debido al hecho de que está establecido en el artículo 50 de la Constitución Nacional que el interés privado debe ceder ante el interés público o social, que es el de las mayorías de panameños; y a todos estos desmanes los medios de comunicación no los califican de alteración de la institucionalidad.

Y así podríamos seguir relatando el inmenso desorden y absoluta anarquía existente, pues nadie quiere hacer caso a las autoridades constituidas, ya que son apoyados por quienes deberían ser garantes de tales instituciones, a saber, los medios de comunicación.

Pero lo más grave es que algunos de tales medios son los que acusan al gobierno legítimo de falta de institucionalidad, y todo porque, por ejemplo: el Ejecutivo, con mucha habilidad política y sin coacción, ha logrado adquirir mayoría en la Asamblea.

Más grave aún es que estos actos ilegales y arbitrarios perpetrados por grupos minoritarios quedan totalmente impunes, pues la primera condición que imponen para terminar el desorden es el de no tomar acciones legales contra ninguno de los anarquistas.

¿Pretendemos regresar a la ley de la selva, donde el más fuerte y atrevido es el que domina, en vez de acatar las instituciones que el mundo civilizado ha desarrollado precisamente para que lo anterior no ocurra?

Las elecciones periódicas son el arma de que podemos disponer para lograr los cambios deseados.

Abusar de la libertad es la forma más vil de destruirla.