Herramientas en beneficio del ambiente
La tarea de coordinar las políticas encaminadas a integrar los recursos naturales en el patrimonio del Estado panameño es de una alta responsabilidad para la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), porque la ley establece además, el principio de conservar, recuperar el ambiente y promover el uso sostenible de dichos recursos para alcanzar un desarrollo humano y así combatir la pobreza en todo el país.
Pero esto parte de principios dialécticos que unen o distancian las relaciones entre los sistemas naturales y las acciones sociales, que se generan como constante en la realidad ambiental. Es decir, existe una interacción de los grupos humanos con su entorno porque cada acción de ellos –y por tanto su desarrollo-, se vincula con el entorno y lo va a impactar leve o profundamente para redundar en la situación de los primeros.
Cuando se realizan proyectos que inciden en el estado de los recursos naturales o en la vida silvestre y que pueden alterar el paisaje característico de un lugar o región, las disposiciones establecen que se deben evitar, disminuir, remediar o devolver las condiciones a su normal desenvolvimiento, a su rutina cotidiana de la forma que más se asemeje a su estado tradicional.
Por esa razón, la ley N.° 41 de 01 de julio de 1998, que regula la política ambiental, establece en su artículo 23 que aquellas actividades que puedan generar riesgo ambiental, “requerirán de un estudio de impacto ambiental (EIA) previo al inicio de su ejecución…”.
Por lo tanto esas actividades “deberán someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental”, que es “el documento en el que se describen las características de una acción humana y proporciona antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales y describe además las medidas para evitar, reducir, corregir, compensar y controlar” esas consecuencias de las obras.
A través de diversas disposiciones se ha desarrollado este aspecto de la ley con la finalidad de alcanzar un acuerdo que impida un fenómeno como la contaminación, la pérdida de un paisaje natural u otros efectos que impidan o perturben el normal desarrollo de las condiciones normales antes de iniciarse el proyecto y que impidan a la población vivir con seguridad y sin contingencias para su salud.
El carácter preventivo de los EIA es beneficioso para todos los sectores involucrados en una obra y no constituye un perjuicio para quien invierte en un proyecto o conjunto de ellos. Saber con antelación cómo va a afectar un cambio brinda información previa que posibilita la planificación de acciones o medidas que contrarresten esos impactos, pero también evita un gasto que puede afectar el costo global de la iniciativa.
Una situación inesperada por contaminación, producto de un vertimiento de desechos o materiales peligrosos, o una afectación en el suelo o a un segmento de árboles, sería una pérdida de grandes proporciones para todos los sectores; para las comunidades afectadas, para el inversionista porque debería detener el proyecto y para el Estado, pues debería subsanar las contingencias.
Diferentes instituciones se vinculan en el análisis del EIA presentado por los interesados, lo que garantiza un panorama de conjunto que reduce al mínimo los riesgos. De igual manera, las comunidades se involucran en el proceso al participar en los foros o entrevistas que se deben realizar para recoger sus puntos de vista.
Esta herramienta de control previo rinde sus frutos porque igual, se establecen medidas de compensación, en las que las empresas o el inversionista se comprometen mediante un calendario a realizar acciones para devolver aquello que pudo haberse perdido con el proyecto.
Un ejemplo es el bosque que ahora se establece entre los kilómetros 7 y 10 de la autopista Panamá-Colón donde la empresa Panamá Pacífico hace una reforestación que tiene la particularidad de crear un nuevo escenario natural y con implicaciones sociales para comunidades aledañas vecinas en Chilibre, Salamanca, Gatuncillo y San Juan, que producen los plantones que se utilizan en este bosque.
Durante 2012 se analizaron en la Anam un total de 1,396 EIA; se aprobaron 1,188 y se rechazaron 208. Solo los que ingresaron en diciembre de 2012, unos 114, suponen una inversión global que asciende a 109 millones de balboas. Estas cifras hablan de un recurso económico involucrado en proyectos que garantizan una protección ambiental para la sociedad panameña, y hacen de los estudios de impacto ambiental, una herramienta para el desarrollo sostenible.
