¿Hidroeléctricas? ¡Ñagare!
Autoridades del Congreso General Tradicional, de los congresos regionales tradicionales, autoridades tradicionales, dirigentes religiosos de la Iglesia Mama Tatda y delegados de organizaciones solidarias nacionales se reunieron el 10 de febrero pasado en Bajo Caña Blanca “Verigäthe”, corregimiento de Bakama, comarca Ngäbe-Buglé, a orillas del río Tabasará, para revisar y analizar detalladamente el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, que construye la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) en el río Tabasará.
Estas autoridades indígenas explicaron en un comunicado, que entregaron al presidente Varela el 11 de febrero, que por más de 18 años han estado pidiendo la cancelación de ese proyecto en este y otros ríos de la comarca debido a los graves impactos sociales y ambientales que atentan contra sus poblaciones. Aseguran que todas las actuaciones de Genisa se han realizado con la complicidad del Gobierno Nacional y a espaldas del pueblo ngäbe y buglé y campesinos latinos afectados.
Denunciaron que la intranquilidad es producto además de la intromisión de autoridades gubernamentales en los asuntos internos y tradicionales de la comarca, con el beneplácito de seudodirigentes que han avalado el Decreto Ejecutivo 537, con el cual se ha pretendido modificar la Carta Orgánica que rige la comarca Ngäbe-Buglé, violentando los derechos de autodeterminación y autogobernabilidad de ese pueblo originario.
Ese Decreto 537 cercena la autonomía comarcal, desconoce a la Iglesia Mama Tatda como expresión religiosa y espiritual autónoma, y a las autoridades tradicionales representadas por los congresos tradicionales.
Recordemos que ese Decreto 537 viola el artículo 282, del Título IX de la Carta Orgánica, desconociendo la participación de los organismos tradicionales del pueblo ngäbe y buglé a través de sus congresos.
En esta reunión del 10 de febrero, las autoridades indígenas y dirigentes campesinos latinos resolvieron exigir al Gobierno la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, porque representa una amenaza a la paz del pueblo ngäbe y buglé y de campesinos latinos que conviven con ellos en su comarca.
Además de solicitar la derogación del Decreto Ejecutivo 537, que modificó la Carta Orgánica de manera ilegal e inconsulta, solicitaron que se reestablezca el Decreto Ejecutivo 194 de 25 de agosto de 1999, que se modifique la Ley 11 del 26 de marzo de 2012, que se cancelen sus artículos del 6 al 15 y se prohíban las concesiones y proyectos hidroeléctricos dentro de sus territorios.
También pidieron al Ejecutivo: a) Indemnización permanente, mediante ley, a los afectados y familiares de las víctimas de las represiones de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, cuando protestaban contra los proyectos mineros e hidroeléctricos, y, b) ratificar el Convenio 169 de la OIT (este convenio es un instrumento jurídico internacional vinculante que se encuentra abierto para su ratificación y que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales).
Según noticias del 8 de marzo, indígenas opuestos al proyecto de Barro Blanco manifestaron el día 4 su inconformidad por la decisión tomada por el Gabinete, de llamar a un “diálogo tripartito”, en lugar de cerrar definitivamente el proyecto. ¿Hidroeléctricas? ¡Ñagare!
