Hombres en decadencia
Una cultura jurídica enferma, viciada, expresión de una herencia jurídica, del mismo modo, perniciosa, pernocta en la vida jurídica de Panamá y que, sobre todo, anida penosamente en las mentes de quienes hemos elegido –sin excluirme- la profesión de la abogacía para pretender hacer de ella un apostolado en procura de la defensa de los intereses y derechos de quien, simple y sencillamente, tenga merced a las pruebas, la razón de su lado. Cuando hablo de pruebas, hablo de la prueba lógica, racional, la que es evidente e indubitable, expresión ineludible de favorecer un argumento.
Tristemente, confieso que de nada han valido los esfuerzos de académicos –entre los cuales figuro- por desentrañar las mentiras del discurso jurídico, las falencias de un sistema inapropiado y que no condice con las realidades de nuestra gente y que, muy lejos de llamarse garantista, contiene el germen de su propia destrucción tras un inquisitivismo degradante e irracional.
Seguimos inmersos aún en el debate de si la verdad formal o material –los jueces no son Sherlock Holmes, personaje ficticio creado en 1887 por Sir Arthur Conan Doyle-; inmiscuidos en el tema de las sentencias inmotivadas y carentes de expresiones manifiestas de racionalidad pura.
Por otra parte, qué decir de los sofismas de un sistema que miente y que hace radicar en las penurias de las cárceles a miles de hombres y cientos de mujeres que no logran entender cómo es que opera un sistema judicial que, al final de cuentas, concluye en un Derecho Penal harto represivo y castigador, valga la pena decirlo, destructor.
Por ello, también confieso que nadie en este país se ha atrevido todavía a hacer algo por los presos sin condena –los mecanismos de subrogados penales al parecer poco les importan a los jueces-, por el tema del desconocimiento evidente de los derechos humanos de los privados de libertad, en fin. Hemos caído en discusiones estériles sobre tecnicismos legales y en la superficial sapiencia de una política criminal que no da cuentas de humanidad en el sistema judicial. Y lo peor, cualquiera se llama, en este país, “penalista”, “criminalista”. Como si tales ciencias se tomaran en una pócima y, por arte de birlí birloque, el mejunje nos convirtiese en expertos.
Nuestros discursos son sórdidos para quienes tienen el poder de introducir cambios auténticos y reales. No hay intención sana y real de cambiar el sistema. No hablo tan solo del sistema judicial, hablo de todos los sistemas que hacen interactuar al hombre en sociedad: el político, el educativo, el judicial, electoral, etc.
