Homicidios en serie, nueva modalidad en Panamá
Llegó a nuestro suelo una nueva variante de criminalidad.
Homicidios en serie perpetrados por extranjeros en perjuicio de panameños. Inició con el norteamericano “Wild Bill” asesinando a sus víctimas y estafándoles sus propiedades.
Según reportes periodísticos, “Wild Bill”, cuyo nombre verdadero es William Dahan Holbert, es acusado de asesinar a cinco personas. Las víctimas fueron Cheryl Hughes , Bo Icelar, Mike Brown, su esposa y su hijo, crímenes cometidos en la provincia de Bocas del Toro, al noroccidente de Panamá.
Actualmente Holbert está detenido en la Cárcel Pública de la provincia de Chiriquí. La familia Brown fue asesinada en el año 2008, en tanto que el homicidio de Bo Icelar se perpetró durante noviembre del 2009.
Recientemente, un dominicano secuestró y asesinó a cinco panameños miembros de la comunidad china, luego de recibir cuantiosas sumas de dinero a cambio de sus vidas.
Las víctimas en este cruento caso fueron: Yesenia Lou Kam, de 19 años; Young Wu Ken, de 27; Sammy Zenq Chen, de 19; Yoel Liu Wung, de 19; y Georgina Lee Chen, de 18 años. Todos jóvenes de la comunidad china y residentes en el distrito de La Chorrera.
La sociedad panameña reaccionó con furia, sorpresa e indignación. Celebraron reuniones para confrontar y tratar este tipo de delito; y entre las propuestas presentadas aparecen:
a) La preparación técnica de los estamentos de la policía panameña por militares colombianos para las tareas de asaltos, tipo élite especializadas en liberar víctimas en manos de delincuentes y capturar a los criminales.
b) Propuestas sobre castigos por sentencias que oscilan entre la prisión perpetua y la pena capital.
c) Una comisión de la Asamblea Nacional compuesta de abogados para encontrar y recomendar la legislación apropiada sobre la situación.
Conceptuamos que ninguna de estas propuestas conducen a la solución.
a) Los asaltos por grupos especializados generarían consecuencias de enfrentamientos y culminarían con muertes, tanto de policías com criminales.
b) Ni la prisión perpetua ni la pena capital contribuirían; precisa una solución viable y la única es la prevención (adiestrar a la policía en el arte de negociar para liberar rehenes).
Existe una ley vigente que decreta castigo máximo de 50 años para estos tipos de delitos atroces, se le puede adicionar el trabajo forzoso, sin derecho a libertad condicional y la deportación del delincuente, luego de cumplir con la pena.
