Huelgas ilegales
Si bien la Constitución reconoce el derecho de huelga, su ejercicio debe desenvolverse dentro del marco legal y puede restringirse en los casos de servicios públicos. Sin embargo, la prepotente ilegalidad que imprime el Suntracs a la huelga que ha paralizado la industria de la construcción y las obras de ampliación del Canal la colocan como acciones bochornosas de tinte político. Solo cinco cláusulas del pliego de reivindicaciones están sometidas a las negociaciones finales con directivos de la Capac, lo cual no justifica el mantenimiento de una huelga de efectos negativos a la economía nacional.
El sentido común aconseja la suspensión de la huelga y la continuidad de las negociaciones, en vista de los perjuicios económicos y sociales que ha causado. Pero el Suntracs no acepta levantarla hasta conseguir que la patronal ceda en sus pretensiones de un aumento salarial de 80% durante los cuatro años de vigencia de la convención colectiva.
Los trabajadores de construcción civil pertenecen a la mano de obra mejor pagada del país. Con sus exorbitantes pretensiones de aumento podrían recibir ingresos mensuales superiores a los profesionales que se quemaron las pestañas en cinco o más años de estudios universitarios.
El traslado del incremento salarial a los actuales costos de construcción de viviendas y oficinas crearía un huracán inflacionario, provocando, entre otros efectos, el posible desinflamiento de la burbuja inmobiliaria y la caída de inversiones en uno de los puntales centrales del repunte económico. Se podrían aflojar o minimizar los programas de vivienda social.
El mensaje de la huelga es que el sindicato sobrepone los intereses crematísticos laborales a cualquier otra razón. Con una magra conciencia patria, no tienen el empacho de paralizar los trabajos de ampliación del Canal muy retrasados por causas conocidas.
Por otro lado, la huelga de profesores agrega otro hoyo negro a la inconstitucionalidad sindical. Los huelguistas han colapsado el principio constitucional de que todos los panameños tienen el derecho a la educación y la responsabilidad de educarse, al igual que el Estado organiza y dirige el servicio público de la educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho a participar en el proceso educativo de sus hijos.
Los cabecillas de la huelga magisterial niegan el derecho del Estado a organizar y dirigir la educación como un servicio público. Su premeditada ausencia de las aulas lesiona la obligación constitucional de educar a los niños y jóvenes y convierte en una facultad estéril la participación de los padres en el proceso educativo.
El rechazo a la evaluación de su desempeño atropella asimismo el derecho del Estado a que se utilicen métodos científicos para asegurar el desarrollo de la persona humana y de la familia. En las universidades públicas y privadas, los profesores son evaluados por las autoridades académicas y los estudiantes. Pero pretenden conseguir aumentos de salario sin que existan garantías de su capacidad docente.
En los exámenes de admisión de las universidades se detectan postulantes de pésima sintaxis y peor ortografía debido a la mediocridad de los agentes educativos. Esta situación es la que quiere cambiar el Estado.
