Humillados y ofendidos
No se trata de una crítica a la obra del gran novelista Fedor Dostoievski. Se trata de la reciente elección de los dos magistrados de la corte suprema de justicia, el licenciado Cecilio Cedalise R. y la licenciada Angela Russo de Cedeño.
Es evidente que el presidente actuó de forma honesta y cuidadosa, ya que ambos magistrados, de acuerdo a todos los exámenes que se le han realizado, gozan de la calificación de excelentes. No obstante, persiste la inquietud del pueblo panameño en no confiar en la integridad de los nueve magistrados que componen el poder judicial.
Esta inconformidad ha ido creciendo y el poder judicial ya no goza del respeto de la ciudadanía panameña. Considerando que un país que no cree en un poder judicial y al que se añade la presencia de un órgano legislativo totalmente desprestigiado, nos tiene muy preocupados a los panameños sobre cual será el futuro de nuestro país.
Cuando hablamos de democracia pensamos en tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La forma como se eligen a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica es diferente. En Costa Rica los miembros de la corte suprema de justicia son nombrados por la asamblea y exigen 2/3 de los miembros para ser aprobados. En Panamá lo nombra el presidente de la república con el aval de la Asamblea Nacional. Esto significa que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia está en manos de funcionarios políticos.
En Europa para acceder al tribunal supremo de justicia son electos por el propio poder judicial. En España e Italia tienen una liga de jueces y magistrados en la que seleccionan a los jueces y magistrados con las más altas calificaciones. Estos jueces y magistrados son propuestos en España al rey, y en Italia al presidente, los cuales deben dar su aprobación.
En Estados Unidos, el poder judicial está al mismo nivel que el Ejecutivo y el Legislativo. Para acceder al Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos solo lo consiguen los que poseen las más altas calificaciones otorgadas por la liga de los jueces y magistrados. Ellos presentan al presidente los jueces o magistrados con más altas calificaciones para su designación como miembro del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente y el parlamento tienen que aprobarla.
Por eso pienso que nuestros funcionarios judiciales están siendo humillados y ofendidos. Es imposible no pensar que la más cara aspiración de nuestros jueces y magistrados es la de acceder al tribunal superior de justicia. Cómo puede estar la moral de nuestros jueces y magistrados cuando ven cerradas las puertas de su ingreso en la Corte Suprema y ver ingresar a otros profesionales que no pertenecen al poder judicial y ser elevados a las más altas magistraturas. Es evidente la frustración para funcionarios que han dedicado toda su vida en servir a la justicia.
Estamos creando una generación de jueces y magistrados frustrados al contemplar como el poder judicial es pisoteado por la política irresponsable de nuestro país.
Un poder judicial desmoralizado en un país en donde el hampa y la delincuencia están incontenibles, verdaderamente tiene que preocuparnos.
Si la forma de seleccionar a los magistrados es humillante, otra situación muy grave es establecer el término de 10 años, lo que los hace vulnerables a los políticos. Esto es así porque los funcionarios del poder judicial son de carne y hueso. No comprendo por qué si los jueces y magistrados de este país tienen un carácter indefinido, se les tiene que tener un término de 10 años a los magistrados de la corte suprema. Es evidente que si los magistrados de la Corte Suprema estuvieran a perpetuidad como en los países del primer mundo, nuestros políticos temblarían ante el poder judicial. Estaríamos viviendo como en España e Italia que se le tiene respeto y temor al poder judicial. Esto lo comprenden nuestros políticos criollos, saben los problemas que ocasionó un juez al presidente Bill Clinton por sus intrigas con una secretaria. Qué diferencia con nuestros políticos que no pueden disimular una sonrisa burlona cuando lo citan las autoridades judiciales.
Nuestra graciosa constitución de 1972 establece el término de 10 años para la Corte Suprema de Justicia, término totalmente absurdo. Parece ser que los intereses personales privan sobre un poder judicial fuerte y poderoso que es lo que se necesita en este país. Es necesario impedir que la justicia siga en manos de políticos corruptos como está hoy en día en Panamá. En los países del primer mundo estos nombramientos son indefinidos o perpetuos.
Es absolutamente necesario que la política valore en su justa medida la gran importancia del poder judicial.
El autor es perito del Órgano Judicial
