Identidad de víctimas, en el limbo
Los familiares de los asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar (1968 – 1989) continúan enfrentando obstáculos para encontrar los restos de sus familiares y darles cristiana sepultura. Se trata de 104 familias cuyos parientes fueron asesinados o desaparecidos.
Se dijo el pasado mes de marzo que llegarían a Panamá, del 6 al 11 de abril, antropólogos forenses argentinos para revisar la documentación sobre los trabajos de exhumación realizados por la Comisión de la Verdad de Panamá (CVP) creada en el 2001, a la Unidad de Análisis Biomolecular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF). Muchos restos humanos encontrados en fosas clandestinas reposan en el IMELCF. Los antropólogos no llegaron.
El 30 de diciembre de 2011, el Consejo de Gabinete, a través de la Resolución 499, creó la llamada “Mesa de Entendimiento”, entre el Estado panameño, el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá “Héctor Gallego” y la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá.
En el 2002 se dieron allanamientos efectuados por el Ministerio Público a la CVP. Ahora se han dado retrasos. El presidente Ricardo Martinelli firmó el decreto ejecutivo que abrió la Mesa de Entendimiento, año y medio después de haberse declarado su creación. Esperamos que el retraso de ahora no sea un obstáculo más dado a propósito, por parte de los cómplices de los militares.
El IMELCF ha informado que el retraso en el desembolso de los fondos se debió a que se solicitó una información adicional sobre los antropólogos, por parte de la Contraloría General de la República. Tras una reunión entre el Ministerio Público, el IMELCF y la Contraloría, convocada por la Cancillería para aclarar las diferencias, la Cancillería se comprometió a entregar la documentación que acredita la llegada de los antropólogos, como un proyecto sustentado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cruz Roja Internacional, para el reconocimiento de las osamentas de las víctimas. Como el canje de notas se constituye en un “acuerdo internacional”, la Contraloría entendió que el proyecto no estaba sujeto a los requisitos de la Ley 22 de Contrataciones Públicas.
Opinamos que, tan pronto la Contraloría autorice el desembolso de los fondos, se debe establecer la llegada de los antropólogos y se debe convocar a una reunión entre las partes. No más obstáculos.
