Iglesia y política
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, afirma que le toca a la Comisión de Justicia y Paz y no a él, explicar la sanción emitida contra . El deslinde del arzobispo Ulloa remarca la posición oficial de la Iglesia católica panameña, ajena a la extralimitación de los miembros de esta entidad de raíz política. La tradición eclesiástica marca históricamente la separación de la Iglesia y el Estado. La misión de la Iglesia siempre fue de orientación moral a la feligresía, sin asumir posturas pragmáticas en asuntos de orden político, incompatibles con el magisterio religioso.
En los momentos más difíciles de la dictadura militar, conservó la línea de apoliticismo, sin desmedro de sus exhortaciones a la convivencia pacífica de los panameños. La aclaración del prelado católico de mayor jerarquía pone al descubierto la entraña política de los miembros laicos de la comisión de marras.
Creada entre bombos y platillos para preservar la ética, la justicia y la paz de las relaciones de los partidos políticos, la comisión ha hecho todo lo contrario. Ha guardado ominoso silencio en episodios de la lucha sucia entre militantes de un partido que ni siquiera llevó a sus tribunales internos a los correligionarios públicamente implicados en las violaciones al código de honor de estos colectivos políticos.
Los defensores de la ética política esquivaron las preguntas de los medios de comunicación sobre actos de maleantería que la alta dirigencia del PRD barrió debajo de la alfombra. Tampoco ha dicho ni dice una sola palabra sobre las imputaciones de corrupción que impunemente se descargan a diestra y siniestra contra funcionarios gubernamentales, en forma irresponsable. La noción de ética política de los integrantes laicos de la comisión es un misterio impenetrable. Desde el filósofo griego Aristóteles, la ética es un valor general de enorme trascendencia, que, si se dosifica con maña política, adquiere el nombre de sectarismo politiquero.
Tampoco debe usar el nombre de justicia porque esta representa, antes que otra cosa, equidad, respeto a su incompetencia en materias que no le incumben, como la libertad de prensa, ni mucho menos ejercer la pretensión insólita de sancionar a un medio de comunicación que informa con estricta adhesión de la veracidad y al equilibrio de las partes implicadas. La opinión pública tiene derecho al conocimiento del comportamiento familiar de un representante elegido por decisión pública.
En cuanto a la paz, los miembros seculares de la Comisión de Justicia y Paz debieron exigir, desde el principio, y no lo hicieron, que cumplieran los partidos firmantes los compromisos del desteñido pacto siquiera entre sus propios correligionarios.
Una comisión que no sanciona las clamorosas infracciones de los partidos políticos suscriptores a la ética, la justicia y la paz, y que, contrariamente a sus objetivos, incursiona en territorios sensitivos como la libertad de prensa, debiera tener otro nombre. La verdad es que la comisión se ha autoanulado. Nació en medio de una gran fanfarria y se ha sepultado por sus silencios administrados y sus extralimitaciones exprofeso calculadas.
