Ilegalidad
La ilegalidad es la característica principal del gobierno panameñista-perredista. El fraude del que se presentó como médico pediatra y ocupó una alta posición en el Minsa se suma a otras ilegalidades sistemáticas. El ministro y el viceministro de Salud y los funcionarios que auparon el nombramiento de Grimaldo Córdoba como director de Promoción de la Salud, son responsables directos y deben ser indagados por el Ministerio Público. Córdoba fue hombre de confianza de Varela y actuó como vocero en la campaña. Todo esto concurre a la necesidad de una investigación profunda de los antecedentes personales y la ilegalidad del nombramiento de quien era un promotor político. Es otro caso aberrante de favoritismo político cuya investigación pone a prueba la imparcialidad de la Procuradora General Katia Porcell, nombrada por Varela.
En la lista larga de las anomalías legales está el magistrado que no está en la nómina de graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá; el policía que funge como director de la institución, cuando un civil debe desempeñar el cargo como establece la Ley Orgánica de la Policía Nacional; los diputados del panameñismo y el PRD que perdieron las elecciones y están en la Asamblea ilegalmente por la colaboración del Tribunal Electoral; los diputados y diputadas que ejercen la profesión de abogado aprovechando los entronques políticos con el oficialismo; los ministros que tienen profesiones distintas a las funciones de la cartera; los fiscales que coaccionan a los indagados para que involucren a personalidades del gobierno anterior, amenazándolos con penas máximas si no se transforman en colaboradores de las persecuciones políticas o allanan residencias particulares en la madrugada y poniéndoles esposas como reos sentenciados por tribunales.
La extralimitación inconstitucional de las funciones presidenciales mediante una ingerencia notoria para lograr ilegalmente nombramientos de funcionarios que solo compete designarlos a la Asamblea; las peleas de diputados panameñistas y perredistas que actúan como empleados de la industria de cerveza y de seco y ron de otra industria de familia allegada a Las Garzas que transforman en cantinas de mala muerte a las comisiones legislativas; las violaciones al Código de Trabajo por incumplimiento en el pago de las indemnizaciones de los operadores de la empresa Mi Bus; las anulaciones de concesiones obtenidas mediante licitaciones públicas, han llevado a la progresiva degradación del Estado de Derecho en poco más de seis meses.
Los medios internacionales de comunicación están al corriente de las persecuciones políticas embozadas como investigaciones del Ministerio Público. CNN sacudió en una entrevista a Varela enrrostrándole su conversión en enemigo político de Martinelli, habiendo sido su vicepresidente y canciller. Los balbuceos de las respuestas al cuestionamiento de periodistas no sumisos al gobierno dejan dudas que se extienden. Como dijo un político británico, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Nos gobierna una caterva de elementos carentes de principios éticos y sustento académico confabulados para prescindir de la presunción de inocencia, y ordenar medidas cautelares de encarcelamiento que diezman las normas judiciales y los derechos humanos. Las declaraciones forzadas de imputados por torturas fueron abolidas en la Edad Media. Sin embargo, han resucitado en Panamá por el índice acusador de implacables Torquemadas del siglo XXI.
