Imperio de la ley
Muchos abogados parecieran no entender los principios del imperio de la ley, el cual expresa que nada ni nadie está por encima de la norma jurídica vigente en un país.
Hoy vemos cómo algunos magistrados de la Corte Suprema desatienden este principio fundamental en materia jurídica, cuando al resolver en recurso de hábeas corpus precisamente, no analizan la norma jurídica la cual se está violentando, pues la misma clara y expresamente consagra que no procederá la detención privativa de libertad en los delitos cuya pena es menor de cuatro (4) años, que es el caso de las escuchas telefónicas de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico penal, a pesar de lo anterior se mantienen detenidos ilegalmente dos ciudadanos panameños a los cuales se les priva de su libertad sin fundamento legal alguno; jueces, el delito que se les formula no acarrea detención preventiva. La Corte pareciera ignorar totalmente esta norma jurídica, no la aplica como sería lo correcto, por el contrario, fundamenta su decisión en otra norma que hace debido a estas consideraciones un magistrado se abstuvo de votar, otros dos sacaron su voto expresando su inconformidad con la decisión de sus colegas.
Los magistrados Ramón Fábrega y Harry Díaz votaron que se les diera casa por cárcel, tanto a Gustavo Pérez como al señor Alejandro Garuz. Haga usted mismo su propia conclusión.
Este tipo de decisiones propicia la falta de seguridad jurídica, lo cual trae perjuicio enorme para nuestro país en materia de inversiones y de credibilidad frente a una institución la cual constituye la columna vertebral de nuestro sistema democrático, como lo es la administración de justicia.
Resulta indispensable, para que se concrete una verdadera justicia en Panamá, que los miembros del Órgano Judicial cumplan con su responsabilidad, lo cual implica que en sus decisiones se apeguen al contenido de las normas jurídicas las cuales deben aplicarse al caso que se examina.
La pérdida de fe en la justicia motiva que nuestros asociados tengan como alternativa no correcta, aplicar o buscar la justicia por sus propios medios, situación inestable. Lo más condenable es que las personas que no hacen sus fallos o decisiones judiciales son precisamente profesionales del derecho, conocedores de su responsabilidad y obligación por razón del cargo que ocupan en su calidad de jueces y magistrados de nuestros tribunales de justicia. Nos preguntamos entonces a qué obedecen estos fallos, los cuales no atienden a la ley y si será a intereses personales o particulares. Si es así, es lamentable esta situación y la debemos rechazar.
