Impugnaciones
A pocos escapa que las impugnaciones contra diputados, alcaldes y representantes de Cambio Democrático (CD) persiguen el antidemocrático juego de mermar la voluntad política de los electores. La evidente estrategia de los impugnadores del panameñismo y el PRD responde a la maniobra de ganar en las oficinas del Tribunal Electoral la representatividad que no obtuvieron en las ánforas, reduciendo con leguleyadas la treintena de diputados de CD.
El argumento común de los impugnadores es que se usaron recursos del Estado con miras electorales, interpretando como recursos estatales las construcciones de obras públicas en diversos circuitos. La mayor parte de las obras públicas que sustentan demagógicamente las impugnaciones de los perdedores fueron planificadas y financiadas mucho antes de la convocatoria a elecciones cuando los actuales diputados y debutantes políticos de CD no habían decidido si intentaban la reelección o la postulación.
La probanza de estos antecedentes desmoronaría por su propio peso las absurdas impugnaciones de los candidatos derrotados, uno de los cuales tiene la audacia de demandar nuevas elecciones para seguir perpetuando a su clan familiar en un circuito en el que los electores evidenciaron el rechazo a un insoportable monopolio. Si se examina cada una de la mayoría de las impugnaciones se comprobará la inconsistencia de sus alegatos. Lo que está claro es que está en marcha un plan político para arrebatarle a CD las curules ganadas por inobjetable mandato popular.
Las impugnaciones se planearon al día siguiente que se conoció que CD conquistó más puestos en la Asamblea Nacional que el panameñismo y el PRD. La respuesta de estos partidos fue forjar un plan A y un plan B. El plan A es la negociación para armar mayoría parlamentaria con la repartija de puestos directivos para dominar la Asamblea y otras recompensas adicionales. El plan B se ejecuta con las impugnaciones.
Corresponde al Tribunal Electoral la resolución de las impugnaciones de conformidad con lo que establece el Código Electoral. Pero la parcialidad política de algunos magistrados del TE ha sembrado desconfianza. Por estas y otras razones es que candidatos y asesores de los candidatos a diputados y los otros puestos de representación popular están en emergencia para defender la legitimidad de los resultados afianzados con las firmas estampadas en las actas levantadas en las mesas de votación, sin consignar irregularidades.
Las impugnaciones sustentadas en obras públicas responden a interpretaciones capciosas con fines electoreros. Sería lamentable que el nuevo régimen empiece con graves distorsiones de la voluntad de los votantes. Los panameños hemos construido un sistema democrático cuya primera obligación es respetar las elecciones generales.
El presidente electo ha declarado a los medios que existen pruebas contundentes favorables a las impugnaciones, pero que respetará las decisiones que adopte el TE. Más vale que se abstenga de seguir interfiriendo en la decisión de los votantes a favor de la separación de poderes con declaraciones imprudentes. El mensaje es transparente: la separación del Ejecutivo y el Legislativo garantiza el pluralismo político y el control de la Asamblea en cuanto atiende a la administración pública.
