Impugnaciones viciadas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA tiene entre sus manos la petición de medidas cautelares firmada por Ricardo Martinelli y Rómulo Roux, a nombre de Cambio Democrático, para congelar las ilegales audiencias del Tribunal Electoral. Evaluará la CIDH la ilegalidad de las impugnaciones admitidas por los magistrados Erasmo Pinilla y Eduardo Valdés, a pesar de ser ajenas a las causales previstas por el Código Electoral. La solicitud de Cambio Democrático se respalda en las excepciones que establece la comisión que prueban que la víctima se encuentra indefensa ante la vía gubernamental. En primera instancia, las víctimas son los diputados de Cambio Democrático amenazados de perder las curules ganadas en las mesas de votación por impugnaciones de neto carácter político. Pero en última instancia, la víctima es la democracia representativa panameña conculcada por el contubernio del gobierno de Juan Carlos Varela y el Tribunal Electoral para deslegitimar a sus representantes en la Asamblea Nacional, como enfatizó Ricardo Martinelli en declaraciones a CNN.
Con objetividad y desapasionamiento político, la Comisión apreciará las pruebas de la politización del presidente del TE, Erasmo Pinilla, destapada en discursos pronunciados en ceremonias públicas y declaraciones periodísticas y en actos administrativos del TE en los que prejuzgó a Cambio Democrático con turbio rencor político y elogió al candidato panameñista, y se presentó como un actor político y no como árbitro del sistema electoral. En las postrimerías de su permanencia en el TE, Pinilla y Valdés han dado pruebas contumaces de sus preferencias por el PRD, partido al que han estado ligados, como funcionarios.
La petición de CD es que se resuelva con carácter urgente la totalidad de las impugnaciones pendientes de resolución en contra de todas las víctimas peticionarias, con el fin de que se decida y conforme la composición constitucional de la Asamblea Nacional de Diputados y que los otros funcionarios de representación popular (alcaldes y representantes de corregimientos) puedan asumir sus cargos de representación política para restaurar el Estado de derecho en Panamá, se proceda a juramentarlos a la brevedad posible. Se pide asimismo que cesen inmediatamente las declaraciones de prejuzgamiento de los magistrados del TE, que, antes de las audiencias filtran a medios oficialistas irregularidades supuestas con auditorías que no pueden llevar a cabo porque no tienen competencia para fiscalizar recursos públicos.
El TE está haciendo el juego sucio al gobierno para que los 30 diputados electos de Cambio Democrático no ejerzan la oposición en una asamblea en la que los diputados minoritarios del panameñismo negocian con los diputados del PRD el control de los votos requeridos para los nombramientos del contralor y el procurador general. Los dirigentes del PRD afirman que tienen candidatos propios para ambos cargos. La sociedad civil exige que la Contraloría y la Procuraduría debieran estar a cargo de postulantes independientes de acuerdos bajo la mesa y de interés partidista exclusivo.
¿Cómo puede el gobierno nombrar autoridades si solamente tiene 12 diputados? Obviamente podría hacerlo con pactos espúreos que le den el dominio legislativo que no alcanzaron en las mesas de votaciones. En este marco de subastas políticas, el Tribunal Electoral aplica normas contra el ordenamiento jurídico. La Comisión observará el plan de los partidos de ínfima presencia legislativa y sin presencia en el Ejecutivo contra los derechos de los diputados CD que ganaron las votaciones.
