Impunidad
El escándalo más sublevante de corrupción colectiva de un partido político panameño va a quedar sin sanción. En un fallo controvertido, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se aferra a un tecnicismo para decretar la nulidad de todo lo actuado en el caso Cemis. Aducen los magistrados que apoyaron la nulidad del enjuiciamiento al expresidente Martín Torrijos que este no podía ser juzgado por tener fuero electoral por su condición de secretario general del PRD. Fue una maniobra desesperada de Torrijos en los tramos finales del proceso.
Los abogados defensores presentaron numerosos recursos para salvar a Torrijos de los fueros de la justicia, al ser identificado como receptor y distribuidor del dinero entregado a los diputados del PRD para avalar el contrato leonino. Al final se apeló al fuero electoral, recurso que debieron presentar al inicio del proceso, y no al final de los actos procesales de varios años. El escándalo del Cemis involucró a toda la bancada perredista de entonces. Fue denunciado por el diputado Carlos Afú con los billetes de la corrupción en las manos, y ratificado por otros miembros del PRD. A pesar de los testigos y las pruebas, todo quedará en nada.
La seriedad de la Corte Suprema queda deteriorada con esta pilatesca lavada de manos en circunstancias en que el magistrado Harry Díaz afirmó públicamente que los fallos de la CSJ se venden o se esconden en los escritorios y cajas fuertes.
Los roles están cambiando en nuestro país. Los corruptos de ayer son los honestos de hoy. En una inaudita metamorfosis política, los verdugos del PRD se pintan ahora como severos tribunos de la moral.
Un diputado acusado del homicidio de un militar norteamericano en el contexto de la llegada del presidente George Bush a Panamá es fiscal intransigente. Estuvo escondido por años durante el gobierno de Guillermo Endara, esperando la ocasión propicia de la llegada del PRD al poder político para salir de la clandestinidad y ser juzgado por un tribunal de conciencia prolijamente seleccionado. Muchos diputados vinculados al caso Cemis frecuentemente denuncian inmoralidades y defienden la ética en los medios que se prestan a la sistemática confusión de los valores morales.
Separados por un pasado de antagonismos ideológicos, persecuciones políticas y episodios sangrientos, panameñistas y perredistas hoy comen del mismo plato. Los une la ambición común de controlar los poderes públicos y lucrarse con la repartija de votos a cambio de la entrega de puestos públicos. El nombramiento del futuro contralor de la República es centro de un exasperante tráfico entre el panameñismo, que solo tiene una bancada de 12 diputados, y el perredismo que salió en tercer lugar en las elecciones de mayo, pero se ha convertido en el desiderátum legislativo, a costa de la anulación de los diputados de Cambio Democrático que ganaron 30 curules.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, aparece acompañado del candidato perdedor del PRD en actos públicos. Los panameñistas de Las Tablas afirman que votarán por el candidato del PRD, un desconocido sin pasado ni presente político. El pacto de gobernabilidad no es sino un complot para oponerse a Cambio Democrático, por encima de la Constitución, el Código Electoral y las garantías del debido proceso. El pueblo hablará en las urnas.
