Incapacidad y falta de transparencia
Un año y medio ha sido más que suficiente para que la naturaleza del actual gobierno se hiciera plenamente visible: ineficiencia y corrupción. Esta doble característica resulta, entonces, fácil de evidenciar en los variados aspectos del quehacer nacional.
En cuanto a la corrupción, se trata de un rasgo que se visibiliza, en primer lugar, en la inmensa diferencia existente entre las promesas de campaña y lo que en la realidad se viene observando en términos del accionar gubernamental. A fin de ejemplificar la problemática, se puede recordar, entre otras situaciones, la enorme distancia resultante entre lo prometido en campaña y la forma en que se escogieron los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No menos importante como ejemplo es el incumplimiento del compromiso de eliminar el Programa de Ayuda Nacional (PAN), considerado como una estructura perversa, generadora de corrupción, al cual apenas se le cambió la denominación, pasándose a llamar Dirección de Asistencia Social (DAS).
Si la corrupción en las organizaciones públicas se entiende, siguiendo la definición del Diccionario de la Real Academia, como una situación en la que se da una "práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores", se puede afirmar que la misma constituye una realidad extendida en el actual gobierno. Una clara manifestación de esta situación son los innumerables casos de nepotismo detectados en las diversas estructuras estatales. Así mismo, son indicadores de esta situación la presencia de contratos directos asignados a personas cercanas al régimen gubernamental, las contrataciones por insistencia, pese a las objeciones de la Contraloría en términos del refrendo del gasto, la práctica de la llamada división de materia, así como el retraso en la presentación de las necesarias modificaciones en la Ley de Contrataciones Públicas, la cual no es más que una acción evasiva para contratar todos los grandes proyectos antes de su reforma.
Por otra parte, la incapacidad del Gobierno para resolver los problemas de la población también resulta innegable. Basta con estar atento a las protestas y manifestaciones de la población para que esto se compruebe. Esta incompetencia del Gobierno de resolver los problemas sociales concretos que afectan la vida cotidiana de la población toma una forma radical en el caso del agua potable, donde el mismo no solo se ha declarado incompetente para darle una solución al problema, sino que ha propuesto la privatización de la potabilización de las aguas del lago Bayano. La inhabilidad gubernamental también se hace presente en el ámbito de la educación, donde el inicio de clases se encuentra en peligro para muchos estudiantes, dado el claro deterioro de sus centros educativos. A esto se puede sumar la percepción de inseguridad de la población, el deterioro de la infraestructura vial, el pésimo estado de los programas de salud y abastecimiento de medicamentos, entre otros.
En el plano económico, las muestras de la incapacidad gubernamental también son múltiples. Si bien es cierto que la desaceleración económica que sufre el país es en parte efecto del contexto externo, lo cierto es que el hecho de que la misma sea especialmente aguda en el sector industrial y el agropecuario guarda relación con la ausencia de una adecuada política económica por parte del Gobierno. A manera de ejemplo, se puede llamar la atención sobre las constantes quejas de los productores de arroz, cebolla y otros cultivos, quienes sufren el impacto de las masivas importaciones de productos, autorizadas y promovidas por el Gobierno. No menos importante es destacar que la desaceleración en la construcción se debe en una medida significativa a la incapacidad de los funcionarios de hacer avanzar en forma ágil y transparente los proyectos de inversión pública.
Los problemas de la falta de trasparencia, vale la pena añadir, están en ruta de profundizar las dificultades económicas antes mencionadas. En efecto, tal como lo entendió el recientemente desaparecido Douglas C. North, la presencia de instituciones carentes de transparencia terminan por generar un nivel de incertidumbre y falta de confianza que se expresa en la reducción de los niveles de inversión. En un país en el que un contrato público puede ser concedido por parentesco, amistad o afinidad política, en el que, además, opera un sistema judicial lento y con signos de corrupción, se puede esperar que tarde o temprano se dará una caída de los niveles de inversión. En definitiva, por la ruta que sigue la actual administración gubernamental, el país se dirige hacia la peligrosa situación de un Estado fallido.
Economista
