Inconstitucionales, ilegales e inmorales
El subsidio electoral es una monumental inmoralidad. Pero, además, es inconstitucional y, en la manera como lo aplica el flamante Tribunal, contrario al propio Código Electoral. Existe una incongruencia de bulto entre el Artículo 141 de la Constitución y el Artículo 180 del Código Electoral que, supuestamente desarrollando la primera, inventó una obligación inexistente.
El Artículo 141, dice: “El Estado “podrá” fiscalizar y contribuir a los gastos en que incurran las personas naturales y los partidos políticos “en los procesos electorales”. Al comparar este texto con el artículo 180 del CE, es patente que la bellaquería fue cambiar la conjugación “podrá”, para convertirla en obligación. Y, además, fijar el subsidio en el equivalente al 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central.
Los ingresos corrientes, en el 2011, fueron de 5,700 millones; para el 2013, rondarán los 7,000. Y como el “gobierno del cambio”, incrementa, anualmente, el Presupuesto entre un 10 y un 12 %, para el año electoral 2014, el subsidio sería de 70 millones. Y seguirá aumentando para cada nueva elección, para que se lo repartan entre los cuatro partidos que quedarían, cuando se concreten las fusiones en la alianza oficialista.
El Estado debe regular y fiscalizar los gastos de los partidos, cuya existencia y misión define el Artículo 138 de la C.N., que dice, aunque no sea verdad, que “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política”. Pero el Estado, no tiene obligación de destinar dineros públicos a engordar económicamente a los partidos.
Tampoco tiene que comprometerse con porcentajes específicos u obligarse a entregar subsidios a los partidos, para pagar abultadas planillas internas y, mucho menos, a darles carácter permanente, violando la C. N., que los limita a “los procesos electorales” que, según el Código Electoral, Art. 219, se inician con “la presentación de las postulaciones y concluyen con la entrega de las credenciales a los que resulten electos”.
Seguir subsidiando a los partidos, cuando en Panamá existen los niveles de pobreza y miseria que desnudan todas las encuestas internacionales y locales es una vergüenza nacional. Se impone, con urgencia, abordar y concluir un serio debate para eliminar o reformar, radicalmente, y de una vez por todas, los inmorales subsidios electorales, comenzando por disminuirlos sustancialmente y, en lugar de entregarlos a los partidos, destinarlos a costear espacios en los medios de comunicación, en igualdad de condiciones, todos los partidos y los candidatos.
