Indemnizaciones
El Ministerio de Trabajo presentó a la Asamblea un proyecto de ley para la protección de los servidores públicos despedidos injustificadamente. El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión de Trabajo. Al convertirse en ley, la iniciativa de la ministra Alma Cortés extenderá a los servidores públicos la figura de la indemnización por despido injustificado prevista por el Código de Trabajo para empleados privados.
La igualdad de condiciones de servidores públicos en materia de compensación económica repara una omisión legislativa desde la vigencia del Código de Trabajo. Quizás el trabajo de la comisión podría ser definir con más precisión la figura del despido injustificado, considerando que ha predominado la parcialidad política en innumerables despidos.
La propuesta establece que toda persona nombrada en forma permanente o eventual en el Órgano Ejecutivo, entidades autónomas o semiautónomas, que perciban remuneración del Estado y que sean despedidas en forma injustificada, tendrán derecho a una prima de antigüedad. Asimismo podrán percibir una indemnización que será calculada con base en el último salario devengado y conforme a la escala prevista en el artículo 225 del Código de Trabajo por cada año laborado en forma continua, aunque sea en diferentes entidades públicas.
En los casos de sumas reconocidas por sentencia judicial por prestaciones laborales, estas deberán ser canceladas tres meses después de haberse ejecutoriado la sentencia. El afectado deberá recurrir a la Sala Tercera de la Corte Suprema para que comunique al Banco Nacional la disponibilidad inmediata de la suma aprobada por vía judicial. La ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2014 y hará justicia a los servidores públicos despedidos injustificadamente, y sin percibir compensación económica alguna, por lo general, solamente para abrir vacantes en la administración pública obedeciendo a motivos políticos, sin consideraciones de idoneidad, eficiencia y solvencia profesional de los despedidos.
Una de las razones que han impedido la formación de servidores públicos estables debidamente calificados para contar con una administración estatal de primer nivel fue la repetición cíclica de los despidos injustificados cada cinco años. Los denominados empleados de confianza son las víctimas centrales de la política de “quítate tú para ponerme yo”, exceptuando ministros, viceministros, directores, subdirectores, gerentes y subgerentes, que son empleados de confianza política.
Ya es tiempo de ponerle fin a la práctica recurrente de los despidos por consignas partidarias. Analizando retroactivamente los despidos injustificados, se apreciará que pocos gobiernos podrían tirar la primera piedra, ya que incurrieron en represalias y preferencias arbitrarias. Cualquiera que sea el cristal con que se interprete el proyecto va en defensa de los servidores públicos. Hay que considerar la protección legal de la estabilidad de los servidores para que la continuidad laboral sea garantía contra la excesiva politización y más bien se alcance la tecnificación del aparato estatal. Así podrá obtenerse que los panameños más aptos presten su concurso permanente al Estado, sin amenazas de ser despedidos con los cambios de gobierno.
