Indulto y politiquería
La Constitución sólo permite el indulto para delitos políticos. La Corte Suprema ha establecido que los delitos contra el honor, no son delitos políticos. En una abierta extralimitación de funciones, nuevamente el Presidente decreta un indulto que viola la Constitución que juró cumplir.
La politiquería “es la degradación de la política… carece de grandeza, de proyección histórica, de perspectivas ideológicas. Se desenvuelve en medio de la maquinación ruin, la vulgaridad, el mimetismo, los tránsfugas, la ausencia de ideas y la carencia de ideales…”.
En Panamá hemos entrado de lleno en la politiquería cotidiana. El indulto busca desviar la atención del ataque perpetrado contra la libertad de expresión. La adulteración y la falsificación del escudo de la República, al eliminar la pica y poner en su lugar un mazo, sigue su curso sin que las autoridades se hayan inmutado en aplicar correctivos inmediatos, salvo las “disculpas” de la Ministra de Gobierno, porque la de Educación está en el mundo gustaviano….
Mucha gente se pregunta, sin encontrar una respuesta sensata y alejada de la politiquería, ¿dónde vamos en este ambiente de gula, de voracidad, de ambiciones insaciables que parecen guiar, más y más, los actos gubernamentales?
Cada día Panamá se aleja del camino que conduce hacia un Estado Constitucional, donde la dignidad de la personas sea respetada y resguardada. Se mantiene el desprecio a toda pretensión de “democracia, justicia y libertad”. Aumenta el ejercicio irracional del poder sin control, de carácter demagógico, falacioso y embustero, con una creciente capacidad de mutación que modifica, a diario, el contenido de las normas y procedimientos gubernamentales, de modo que pasen a tener un significado diferente, conservando o no el mismo texto, como lo demuestran los resultados engañosos del denominado “Diálogo sobre la Ley 30” que, en materia de impunidad policial, se lucieron manteniendo una norma contraria a los compromisos internacionales del Estado panameño.
Cual espejismo anticiudadano, la mutación de los rectores de los Órganos del Estado, actúa a espaldas de toda vinculación constitucional, de los fundamentos básicos del constitucionalismo, que no logra eregirse como herramienta de control ciudadano para la racionalización efectiva, real y concreta del ejercicio del poder político.
En menos de lo que canta un gallo, han criminalizado la pobreza, legalizado la impunidad, fomentado la corrupción, destruido sin reparo garantías fundamentales, violado acuerdos internacionales, depredado más aún el medio ambiente, pisoteado los derechos sindicales, penalizado la protesta social y terminado de desconocer los espacios y posibilidades de un verdadero diálogo nacional. Ahora se ataca a la libertad de expresión.
Como si fuera poco, han arremetido -en sociedad asociada- los diputados del Cambio Democrático, del Panameñismo y del PRD, contra la Universidad de Panamá con una Ley ultrapersonalista y antidemocrática, que servirá de veneno para acabar de acabar con la academia, ley que viene a sumarse a toda una maraña legislativa y gubernamental impuesta durante los últimos tiempos, que abandona sin reparos los principios de legalidad, de jerarquía administrativa, de publicidad de las normas, de irretroactividad de las normas, de responsabilidad y de interdicción o prohibición de la arbitrariedad.
El mandato electoral de construir democracia, no se está cumpliendo. Ello trunca la legalidad y la legitimidad, las cuales no podrán recuperarse con nuevos parches a la constitución militarista, ni con millones de obras. Nuestro país lo que exige, es Justicia.
