Infierno y paraíso
Los inversionistas colombianos de la banca, industria, comercio y servicios llegaron a Panamá porque es un paraíso económico por su robusto crecimiento económico, el dólar y la estabilidad de las normas legales, mientras que Colombia es un infierno por las devaluaciones del peso, la inestabilidad aduanera y la influencia política del narcotráfico y los paramilitares. Los empresarios colombianos invierten en Panamá porque tienen conocimiento de lo que es un paraíso y lo que es un infierno económico. Acá encuentran un acreditado ejercicio de libertad económica y garantías tributarias. Por este conocimiento directo de la realidad financiera y legal de Panamá es que los empresarios colombianos interpretan que la elevación del impuesto a los giros de Colombia al triple de la tasa anterior es el reconocimiento del fracaso del gobierno de Santos en la captación de inversiones.
La declaratoria de Panamá como paraíso fiscal encierra una lamentable variedad de contrasentidos. Panamá ha suscrito convenios de intercambio de información fiscal con Estados Unidos, México y numerosos países latinoamericanos y europeos. Si el Gobierno colombiano carece de capacidad para detener el flujo de inversiones hacia el exterior, le incumbe la modificación de la política que ahuyenta capitales. Los capitales privados emigran a otros nichos de inversión internacional porque rehúsan el sistema de coerciones de los países de origen. Panamá ha llevado a la Organización Mundial de Comercio a Colombia por el proteccionismo aduanero a las reexportaciones de la Zona Libre de Colón. La OMC se creó para eliminar el proteccionismo y otras trabas levantadas contra el intercambio comercial globalizado.
Los argumentos esgrimidos sobre falta de transparencia legal, bajas tasas impositivas y otros deleznables motivos no justifican racionalmente la medida colombiana de calificarnos como paraíso fiscal, sin considerar, por ejemplo, que el régimen de reexportaciones de la Zona Libre está vigente desde hace más de medio siglo y que el Centro Bancario de Panamá tiene una solidez probada por la presencia de los principales bancos internacionales.
Ante la posición infraterna de la nación vecina, el gobierno de Juan Carlos Varela debe responder con firmeza y energía, si Colombia no anula la calificación que empaña nuestra imagen. El presidente Varela dio un paso en falso al invitar a un gobernante que se autocalifica negativamente. El abrupto regreso de Santos sin dar declaraciones a la prensa panameña fue un signo adelantado de irrespeto a Panamá, que toleró el gobierno de Varela. ¿A qué vino Santos a Panamá? ¿Pretendió intimidar la soberanía panameña si no se suscribe un convenio solo ajustado a parámetros colombianos? No hubo vocero oficial que defendiera la soberanía panameña otra vez ofendida. ¿Nos engatusó el gobierno con declaraciones almibaradas?
En respuesta a la posición inamistosa del gobierno de Santos, el gobierno de Varela debe considerar, entre otras medidas diplomáticas, el llamado a consultas del embajador de Panamá en Colombia; en el plano comercial debe suspender acuerdos de cooperación y evaluar la elevación de las tasas de impuestos a los giros de dinero de Panamá a Colombia, en similar proporción. No podemos fiarnos de la compra de energía eléctrica de Colombia. Nos corresponde, asimismo, la agilización del arbitraje de la OMC contra el obsoleto proteccionismo colombiano. Sobre todo, debemos reafirmar que Panamá es un país abierto a la inversión extranjera y al comercio internacional, sin marcha atrás.
