Inflación, salarios y soberanía alimentaria
Frente a los problemas inflacionarios, reflejados en un incremento anual de 7.2% en los precios de los alimentos, se pueden observar dos posiciones de política económica que, aunque contrapuestas en apariencia, ninguna puede resolver la difícil situación que vive la población.
Una versión de estas políticas, avalada por el Gobierno y la cúpula de los gremios de comerciantes, simplemente rechaza la presencia de las rentas monopólicas generadas por la especulación comercial, negando cualquier intervención pública para corregir la situación existente. La otra versión, propuesta por la dirigencia del Partido Panameñista, propone un simple congelamiento temporal de los precios, lo cual, dados sus altos niveles, significaría mantener intacta las ganancia especulativa y el actual deterioro del nivel de vida de la población.
Entre los importantes aportes de Jan Timbergen, el eminente economista holandés ganador del Premio Nobel de Economía en 1969, se encuentra su demostración formal de que para que una política económica sea efectiva, debe contener el mismo número de objetivos e instrumentos. Se trata de un criterio que debe aplicarse de manera estricta, si es que se quiere ofrecer una real solución al problema de la seguridad y soberanía alimentaria.
Es así, que entre los objetivos por lograr se encuentran los siguientes: detener las fuerzas inflacionarias generadas por la especulación; restablecer la capacidad adquisitiva y el nivel de vida de los trabajadores; asegurar una situación de cero hambre; lograr una oferta adecuada de alimentos para la seguridad alimentaria y avanzar hacia la soberanía alimentaria. La consecución de estos objetivos necesita consecuentemente de la aplicación de un conjunto de instrumentos de política económica. En este caso, la congelación de los precios de la canasta alimenticia apuntaría a detener el proceso especulativo inflacionario, a lo que se agregaría un aumento general de salarios, con el fin de restablecer la capacidad adquisitiva de la población. La participación permanente del Estado en la comercialización de los productos básicos complementa lo anterior, al generar una oferta reguladora. Además, con el fin de lograr el objetivo de cero hambre, se deberán destinar los recursos públicos necesarios para este fin, enfatizando en la vinculación entre la distribución de alimentos con la educación. Por otra parte, se deberá ofrecer una protección y apoyo a los productores del campo y la agroindustria que generen bienes alimenticios, asegurándoles una adecuada rentabilidad por su actividad; este instrumento incluye las medidas antimonopólicas que impidan que los comerciantes especuladores se aprovechen de los productores. En este último caso se deberá hacer hincapié en la promoción de los pequeños y medianos productores.
Se propone, a final de cuenta, una nueva lógica en la que la economía se pone al servicio de la población. Esta, obviamente choca con el interés que representa el actual Gobierno, así como el conjunto de los partidos políticos tradicionales, que no son más que instrumentos de defensa de los intereses económicos que dominan el país. Se trata, en definitiva, de una política que solo puede ser avanzada desde una posición independiente y comprometida con construir una patria para todos.
Economista.
