Injusticia política
Cuando la administración de justicia sucumbe a presiones políticas, manifestaciones, coacciones mediáticas, piqueteos, venganzas políticas, a cualquier índole de expresión que mine el ordenamiento constitucional, cesan sus fueros y pasa a ser una agencia de intereses extraconstitucionales. La deformación de la justicia presenta situaciones contradictorias de naturaleza política que pone en evidencia un doble estándar sumamente nocivo. La Corte Suprema de Justicia decidió archivar el procesamiento del expresidente Martín Torrijos por no habérsele levantado previamente el fuero electoral como secretario general del PRD. Pero ahora se contradice al disponer el inicio del juicio del expresidente Ricardo Martinelli, sin haber solicitado el levantamiento del fuero electoral, sino después. ¿Por qué se archivó el caso de una de las más desoladoras denuncias de soborno colectivo de diputados del PRD por la venta de la aprobación de una ley con nombre propio de una concesión sin licitación de adjudicación de terrenos de la nación, exoneraciones tributarias y una serie de granjerías lesivas al patrimonio nacional? ¿Por qué, en sentido contrario, se precipitó el pleno de la Corte Suprema de Justicia a violar el fuero electoral que es requisito sine qua non para procesar a una persona que tiene la protección de la normativa del Código Electoral? Como no se puede aducir ignorancia de la ley ni mucho menos desconocimiento de sus propios fallos, no hay duda de que la CSJ adoptó decisiones de orden político. Resulta extraño, por decir lo menos, que ilustres juristas de la CSJ no hayan advertido que el delito de peculado recae en el administrador de la empresa que malverse o se apropie de bienes como agente activo de la administración del ente público.
La jurisprudencia corrobora la interpretación correcta del delito de peculado. Responsabilizar al presidente de la República de delitos aplicables a los responsables directos de las empresas públicas inaugura precedentes de insospechadas dimensiones contra el Órgano Ejecutivo. Al jefe del Estado se le podrá juzgar por todo lo erróneo o delictivo de los servidores públicos.
Las objeciones de los abogados penalistas a cargo de la defensa de Martinelli allanan el camino para recurrir a instancias internacionales en procura de la administración de justicia que se contradice y se niega a sí misma, perjudicando el orden constitucional de Panamá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional de La Haya enmendará la forma distorsionada en que las persecuciones políticas se disfrazan de justicia. Las persecuciones políticas riñen con la declaración universal de los derechos humanos, que es la carta fundamental de la ONU.
Por otro lado, queda claro por qué razones se ha congelado la ley de carrera judicial, después de haberse aprobado en primer debate. No se quiere que la justicia la administren funcionarios independientes que, a partir de los tribunales de circuito, adquieren experiencia para convertirse en magistrados de la CSJ.
Los magistrados nombrados por decisiones de partidos políticos responden a instrucciones políticas. No hay vuelta que darles a las cosas cuando la estrategia se endereza al acatamiento de dispositivos extralegales. Martinelli nombró magistrados al margen de intenciones de blindajes políticos, como está a la vista. Pero parece que se desviaron al cambiar el gobierno. No puede decirse lo mismo de otros magistrados. Para disolver las dependencias extrajurídicas, la carrera judicial es la salida contra la arbitrariedad.
