Inseguridad
El asesinato de un joven panameño en la Cinta Costera y el mismo día de otros panameños en diversos puntos de la ciudad corroboran la creciente inseguridad en que vivimos. Sicarios, pandilleros, asaltantes, ladrones y gente de malvivir cometen toda clase de fechorías contra la integridad física de personas y la propiedad privada. Los taxistas se niegan a circular por ciertas rutas de la ciudad capital porque se exponen a diario a perder la vida. Las drogas se contabilizan por miles de kilos. En resumidas cuentas, no hay lugar del territorio nacional donde no se cometan delitos atroces, sin que el Gobierno defienda a los panameños, poniendo en práctica una estrategia general efectiva de seguridad, respaldada en hechos y no de promesas gaseosas.
Los llamados teñidos de santurronería a los delincuentes son inútiles y son blanco de sarcasmos, en tanto que la población nacional demanda mano dura, dentro de la ley. No existe una política penitenciaria que reeduque y reinserte a los detenidos cuando cumplan sus condenas y vuelvan a la circulación. Antes, al contrario, los presos hacen de las suyas en las prisiones, consumiendo licores y drogas, usando armas y celulares que entran a los presidios, perforando las supuestas medidas de seguridad interna por la complicidad delictiva de funcionarios corruptos que venden los insumos del vicio. Los enfrentamientos de pandilleros rivales con armas de fuego y armas blancas son un espectáculo habitual que revela la degradación máxima de los delincuentes y el relajamiento insoportable de autoridades carcelarias.
Mientras los delincuentes se ensañan contra panameños de todas las clases sociales, el Gobierno Nacional está obsesionado en perseguir y encarcelar, violando el debido proceso judicial, a quienes desempeñaron puestos públicos en la administración pasada. Se inventan hechos supuestamente punibles, se coaccionan imputados para involucrar a personalidades, se exageran las medidas cautelares para ablandar la resistencia de los imputados a fin de utilizarlos en las represalias montadas por el régimen.
Como era previsible, la corrupción contamina los diversos niveles de la administración panameñista. Se distribuyen altas sumas de dinero entre amigos y correligionarios mediante contratos directos exonerados del filtro de la ley de contrataciones. Todo para mis amigos, y para mis enemigos, la ley, es el cínico lema predominante de la oligarquía económica que aprovecha las ventajas obtenidas por contribuciones a la campaña panameñista. Pero no la ley en sus alcances codificados, sino una caricatura perversa de violaciones sin límites. El metro se ha deformado con una sociedad anónima, de accionistas muy conocidos, alterando el pacto social originario, ahora arreglado para satisfacer privilegios privados grupales. Se deforma la competencia aérea con tarifas rebajadas para sacar del mercado a otros operadores. El aeropuerto de Tocumen es coto reservado de intereses empresariales. Las estaciones de gasolina no llevan a cabo rebajas de precios proporcionales al mercado internacional del petróleo. Poco a poco, la República de Panamá se convierte en una sociedad anónima de accionistas privilegiados.
Tal es la gran corrupción de la que no hablan los medios de comunicación progobiernistas. No la tocan porque constituye un tema tabú, dado que los dueños están metidos en el baile de la corrupción. Cumplen su ingrato papel, creyendo que distraen a la opinión pública con las persecuciones para que pocos se fijen en lo que se está haciendo. Pan y circo decían los romanos. Pero aquí solo hay circo.
