Insólita solución
El crecimiento demográfico y de infraestructura de Panamá se puede comparar con cualquier índice de una ciudad ubicada en un país del llamado primer mundo. No hay diferencias. La capital crece, se moderniza, se transforma con edificios ultramodernos, grandes rascacielos, nuevas autopistas y la modernización del transporte, con la llegada del Metro.
Panamá se convierte en una metrópoli, pero con algunas deudas. Una de ellas, y quizás dentro del grupo de las más inaceptables, es la creciente contaminación visual que generan los cables –de luz, cable, teléfono, etc.- a lo largo y ancho de todas las vías de la ciudad.
El Gobierno, o mejor, el Estado es el responsable de exigir que esta práctica se termine. El soterramiento de los cables es una obra urgente que debe ser tomada como máxima prioridad por el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Panamá.
En la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional se discute una propuesta del Ministerio de Gobierno para comenzar las obras de soterramiento de cables en algunos sectores de la ciudad, y otras áreas del país. Pero el meollo del proyecto prevé que serán los usuarios de los servicios de telefonía fija y celular, internet y televisión paga los que lleven la carga de financiar las obras a través de un impuesto transitorio en sus facturas de entre el 1 al 2% de su consumo mensual. Una tasa menor, también se aplicará a los usuarios del servicio de electricidad.
Trasladar la carga de las obras a los usuarios es una sinrazón. Deben ser las empresas, en coordinación con el Estado, quienes deben pagar el soterramiento de sus propias estructuras. Además, el Estado debería pasar una ley urgente por la Asamblea Nacional para que se prohíba la instalación de estos servicios en el espacio aéreo.
