Instituciones: la prostitución del poder
Analizando el problema, casi clásico, de la corrupción en los diversos estamentos gubernamentales, cosa que, como he sostenido, se da en todas partes, involucrando a distintas personas, y que nada tiene que ver condición ni clase social, menos color o raza, formación profesional o no ni la clase de gobierno, todo lo cual es indicativo que nada tienen que ver los sistemas ni los esquemas; siempre el germen de la corrupción penetra y socava los mismos pilares de las estructuras, por muy sólidas que estas aparenten ser.
Hay quienes han advertido que, en no pocas ocasiones, los sistemas jurídicos y la forma de cómo se elaboran las mismas leyes –los ordenamientos jurídicos- permiten que las estructuras y las instituciones sean defraudadas, penetradas, por el síndrome de la corrupción. Debo aclarar que esto nada tiene que ver con la tendencia, cada vez más creciente y enérgica, del incremento de penas, que se viene abriendo paso en las políticas criminales de los Estados y que no necesariamente es compartida por el suscrito. No se trata de lo mismo. Aquí el problema es distinto. Se trata de advertir el fenómeno de la incoherencia, asistematicidad de las normas jurídicas, ausencia de rigor jurídico, ausencia de unidad en el ordenamiento legal, desfragmentación del orden provocado por esa misma incoherencia científica y jurídica, en fin.
Dialogando, en días pasados, con la rectora del ente administrativo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción en Panamá, y quien me inspira ahora a escribir estas líneas, doña Abigaíl Benzadón, intercambiando criterios en torno al tema en nuestro medio, me advertía que el propio ordenamiento legal puede ser cómplice en sí mismo de esa corrupción en la medida que no contiene los resortes legales indispensables a efectos de que se imposibilite toda manifestación de corrupción, ya sea en las licitaciones públicas, en las concesiones administrativas, y cuando no dejando abierta las compuertas para que pase, alegremente, este pecado de las naciones.
Podríamos explicar con sencillos ejemplos lo que se quiere decir. Una ley que indica o prescribe cuál debe ser el procedimiento para una licitación pública que no integra en sus estructuras legales cuestiones propias como nulidades, sanciones, requisitos de forma y de fondo, criterios de legitimidad y de veracidad, controles sobre la verificación de los procedimientos, certificaciones de buen desempeño ético y moral de los entes interesados en participar, etc., es claro que deja, insistimos, abiertas las compuertas para que cualquier cosa pueda pasar. Pero la cuestión no se queda allí. También hay que considerar el recurso humano o a las personas que tienen que ver con la aplicación de las normas. Algunos autores han señalado, desde hace décadas, que más que los contenidos de la ley se hace indispensable que los aplicadores y los ejecutores de la ley sean hombres íntegros, capaces, apartados de la chicana, el soborno y la coima.
La integridad moral, la solvencia ética, lógicamente inciden como factores a considerar o a tomar en cuenta al momento de hacer evaluaciones o críticas y sugerencias frente al flagelo de la corrupción. Obviamente que sí tienen que tomarse en cuenta los antecedentes personales de quien es nombrado en las cuestiones del Estado o de quienes, aun desde el funcionario de menor rango o categoría hasta el más encumbrado, como director de una entidad o como ministro, fungen como servidor o funcionario del Estado. El estudio y la competencia que conceden las universidades son importantes, pero más lo son las academias de la honra y del buen nombre.
Ya he señalado anteriormente que la compensación, llámese sueldo o salario que se le ofrece a una persona por la prestación de sus servicios o trabajos, tiene mucho que ver en lo que concierne a este tema de la corrupción. Por ello, es indispensable que los nombrados a nivel de las instancias administrativas o del servicio público sean bien remunerados o que, a nivel de las empresas, sean bien pagados. Sin embargo, advierto que ello no se constituye en un sólido freno a la inmoralidad, que desconoce límites y que nunca se satisface ante las ansias del poder dinerario o de otra naturaleza.
Muy importante es que las estructuras desde las cuales se cumple con una función administrativa o pública estén dotadas de sistemas de seguridad, de controles efectivos, de vigilancia. Personas que vigilen o supervisen a las otras, y así de modo permanente y constante. Algo así como un sistema de custodia de la labor o desempeño en la prestación del servicio. No se trata de incrementar el burocratismo, de ninguna manera, eso entorpece la dinámica del servicio y la agilidad que demanda el usuario; sino de evaluaciones, calificaciones, méritos, reconocimientos, respeto al sistema de ascensos, etc.
