Interés común
Los cierres de calles y las manifestaciones que terminan en violencia no deberían ser aceptadas por ningún panameño que quiera este país.
Aunque intenten justificar sus medidas de presión, la realidad es que en un país donde se respetan las leyes cada cierre de calle tiene que ser sancionado con prisión.
Algunos grupos radicales dirían que esa clase de protestas es la única alternativa que tienen los ciudadanos para ser escuchados. En parte es un pensamiento irresponsable que se ha promocionado en los últimos años y que los distintos gobiernos han abonado al momento de resolver los problemas de las comunidades.
Los cierres de calles son un atentando contra las libertades ciudadanas y no pueden ser empleados como excusa para lograr objetivos o trofeos políticos.
Es que los manifestantes, liderados en muchas ocasiones por dirigentes con compromisos políticos, le causan un daño terrible al resto de los ciudadanos.
Un país como Panamá, que cerró el año pasado con un crecimiento de 11% y que es modelo para Latinoamérica, no merece esta clase de trato.
No es posible que un grupo reducido de la población limite el libre tránsito de la mayoría de los ciudadanos y, de paso, paralice la economía del país.
Es aún más lamentable que empresarios admitan abiertamente que aportan recursos a esos grupos sin importarles los efectos de sus donaciones.
Están a tiempo de hacer un alto y ser más equilibrados al momento de exigir atención a sus problemas. Deben tener presente que no pueden ir en contra de las leyes y menos de los intereses del Estado.
Respetar el derecho de los demás también es garantizar la democracia.
