Interferencia
La denuncia del diputado Leandro Ávila, del PRD, sobre la interferencia personal del presidente de la República, Juan Carlos Varela, en el nombramiento del contralor general constituye otra prueba significativa de la constante violación del Estado de Derecho. “Por unas declaraciones del diputado presidente de la Comisión de Credenciales, el panameñista Luis Barría, siento que el Gobierno controla la Asamblea; no va a llamar a la elección del cargo hasta cuando ellos sientan la seguridad de que pueden torcer los brazos de los diputados e imponer el puesto del contralor”, son las palabras textuales del diputado Ávila.
Varela hace tabla rasa del principio constitucional de la separación de poderes, requisito fundamental del sistema democrático para que el funcionamiento del Órgano Legislativo se desarrolle en forma independiente del Órgano Ejecutivo. Como tiene una bancada pobre en cantidad y en calidad, Varela quiere gobernar como si tuviera la mayoría de los diputados, a los que corresponde el nombramiento del contralor. La Constitución establece que son funciones administrativas de la Asamblea Nacional de Diputados nombrar al contralor general de la República, al subcontralor de la República, al defensor del pueblo, a un magistrado del Tribunal Electoral y al suplente que le corresponde conforme a esta Constitución”.
La invasión del Órgano Legislativo se está complementando a través de impugnaciones a diputados del partido Cambio Democrático en abierto contubernio con el Tribunal Electoral y con la complicidad rentística de los medios de comunicación oficialistas que cumplen la vergonzosa labor del linchamiento mediático de los afectados. El plan maestro del gobierno panameñista tiene la meta siniestra de controlar los poderes públicos a cualquier precio, usurpando facultades de la Asamblea, y pervirtiendo con promesas espúreas, inclusive, a diputados de la oposición.
La denuncia del diputado Leandro Ávila, más los nombramientos ilegales de familiares y funcionarios y otros excesos administrativos y económicos preparan el terreno para una denuncia de extralimitación de las funciones presidenciales. El artículo 160 de la Constitución señala que “es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y juzgarlos, si a ello diera lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta Constitución o las leyes”.
Solo una oposición legislativa responsable puede juzgar al presidente de la República por la invasión de las facultades constitucionales del nombramiento del contralor, que conlleva la destrucción del principio de la separación de los poderes públicos y de otros actos lesivos al ordenamiento constitucional y jurídico. Los treinta diputados de Cambio Democrático impedirían que prosiga la extralimitación de las funciones de un mandatario que quiere controlar el organismo cuya misión es fiscalizar los recursos públicos. La consigna en proceso de ejecución es anular la votación de las elecciones favorables a Cambio Democrático. El gobierno panameñista pretende tomar por asalto la Asamblea para que el Órgano Ejecutivo siga haciendo lo que le viene en gana.
La Cámara de Comercio, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil recomiendan un contralor independiente. Pero se burlarán de sus peticiones, a menos que se asuman posiciones más enérgicas para salvar la democracia. El nuevo CEN del PRD debe tomar cartas en el asunto.
