Intransigencia
La evaluación de un funcionario de las empresas públicas y de un empleado de empresas privadas es un requisito general para medir méritos o negligencias en forma legal y objetiva. La ley orgánica de la Caja de Seguro Social en el artículo 49 sobre la estabilidad en el puesto o cargo indica que, una vez adquirida la estabilidad, se realizarán evaluaciones del desempeño cuyos resultados serán la base para la aplicación de incentivos, correctivos o sanciones establecidas en las leyes, normas y reglamentos vigentes.
Tanto en la administración estatal como en compañías privadas, los aumentos salariales están condicionados a los méritos del trabajador, cualquiera que sea el puesto que ostenta en el escalafón. Al empleado diligente y honesto se le recompensa por el mejoramiento; el funcionario rutinario e inepto se desconecta por sí mismo del sistema de evaluaciones.
El Sistema de Evaluación de Centros Educativos (Sece), implementado por el Ministerio de Educación, se sustenta en el análisis de rendimientos pedagógicos de los profesores y elevarles el salario, de acuerdo al análisis personal de su rendimiento. Quienes satisfagan este requisito laboral elemental percibirán aumentos que ascenderían a $300, que en tres años, llegarían a $900.
Sin embargo, los dirigentes de los gremios magisteriales rechazan la evaluación de méritos y pretenden que, al margen del requisito, se les incremente el sueldo y amenazan con el desencadenamiento de paros y huelgas en nombre de consignas politiqueras en detrimento de los planes de enseñanza.
La postura intransigente perjudica enormemente a los miles de alumnos de las escuelas públicas porque las evaluaciones de maestros se aplican para garantizarles una enseñanza de primer nivel. Detrás del rechazo a las autoevaluaciones se esconden dos elementos negativos: el profesor deficiente no quiere que se identifiquen sus carencias cognoscitivas que determinen su falta de responsabilidad; se refugia en la mediocridad intelectual para obtener incrementos salariales sin esfuerzo; otro elemento negativo es la interposición de factores políticos negativos para obstruir el perfeccionamiento de la enseñanza.
La titular de Educación, Lucy Molinar, puso al descubierto una vez más las posturas de intransigencia de los sectores magisteriales opuestos a toda iniciativa pedagógica. “En pleno siglo XXI, un profesional que se niegue a ser autoevaluado y a presentar un plan de mejoras no puede llevar título de profesional”, ha dicho la ministra con acierto crítico.
Afortunadamente, entre los 41,000 docentes hay una gran cantidad que muestra madurez y optimismo y contribuye responsablemente al perfeccionamiento de la enseñanza pública.
Los padres de familia deben respaldar y colaborar decididamente en la aplicación por etapas del sistema de evaluación en consonancia con las inversiones importantes del Estado dedicadas a la meritocracia magisterial.
La instrumentación del sistema de evaluación magisterial se puso en marcha en 26 escuelas de Chiriquí para identificar con claridad las fortalezas y debilidades de la educación pública.
