Jefes y cacicas
El Congreso General Ngäbe-Buglé ha puesto las cosas en sitio. Con dignidad ejemplar ha separado a la cacica Silvia Carrera por abuso del poder que se le confirió para defender los derechos de la comarca indígena, pero no para actuar como una aliada política del gobierno de Juan Carlos Varela.
Del comunicado del Congreso General se transparenta el rechazo comarcal a una dirigente que viajó a Nueva York en la comitiva del gobierno, obtuvo un jugoso aumento de salario y el nombramiento de un hijo como embajador ante Bolivia. Privilegios de orden familiar y nexos políticos que no guardan consonancia con los intereses colectivos de la comarca que le eligió para el cumplimiento sobre asuntos como la hidroeléctrica Barro Blanco y proyectos de explotación minera que estiman lesionan el ambiente del hábitat autóctono.
El presidente de la junta directiva del congreso general dirigió la resolución al ministro de Gobierno Milton Henríquez en la que se afirma que Silvia Carrera ha sido separada de forma inmediata por no haber presentado los informes de su labor por tres años y haberse extralimitado de las funciones propias del cargo.
La comunidad reacciona con enérgico celo ante los hechos que evidenciaron la aproximación de Carrera al régimen panameñista que la benefició con prebendas burocráticas con el propósito de apaciguar las expresiones de disconformidad del pueblo indígena, lo que causó la decisión sin precedentes del Congreso General.
No escapa a los miembros de las comarcas indígenas y a la sociedad civil que el Gobierno usa los nombramientos diplomáticos y administrativos como una forma de compensación a los apoyos mediáticos y económicos. Prueba fehaciente son los nombramientos de directivos de La Prensa y periodistas de la televisión.
El embajador en Italia Fernando Berguido no ha tenido el pudor de manifestar que su misión no es propiamente el afianzamiento de las relaciones diplomáticas, sino como agente político para rebuscar expedientes presumiblemente contrarios a autoridades del gobierno de Ricardo Martinelli.
Si ese es el motivo del nombramiento en un cargo que nunca ha desempeñado habría que demandarle al Gobierno que cancele el contrato por $800 mil a un bufete de abogados extranjeros en esa línea. Pero el novato diplomático debería informarse antes de que sus credenciales se aprueben, ya que no existe denuncia alguna contra panameños en el expediente y que los fiscales italianos se van a reír por supuestos pagos a obras que no se han realizado.
En cuanto al nombramiento diplomático del hijo de Carrera en Bolivia, por razones étnicas no tienen alguna justificación. Enrique Garrido fue embajador ante Bolivia y antes presidente de la Asamblea Nacional, orgulloso de sus raíces indígenas, pero por méritos políticos personales.
Los nombramientos diplomáticos del gobierno panameñista obedecen al nepotismo campante, a reclutamientos políticos, al pago de donaciones de la campaña electoral y a motivos enigmáticos, ya que hay embajadores y cónsules que solo conocen sus amigos.
El gobierno está atropellando abiertamente la autonomía de la Asamblea para nombrar a Federico Humbert como contralor. Las reuniones en Las Garzas con diputados del PRD indican que la discreción no es una de sus características más conspicuas.
