Juega vivo turístico
Si bien, de manera aparentemente distraída, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela busca incentivar el desarrollo turístico del país con nuevas reglamentaciones, un amplio sector de nacionales se muestra alerta y escéptico frente a cualquier iniciativa en este renglón y donde se mueva la famosa danza de los millones de dólares.
Para nadie es un secreto que los poderosos proyectos de infraestructuras llevan de manera sutil e intrínseca "grandes negociados", en los que un puñado de empresarios inescrupulosos presuntamente ligados al poder son los principales beneficiarios, en detrimento de las clases más necesitadas.
Esta aseveración guarda estrecha relación con la denominada Ley 80 de 2012, que establece incentivos fiscales a la inversión turística de manera exclusiva en el interior del país y que luego de su reglamentación se determinaron los montos mínimos de inversión para acogerse a dichos beneficios.
Por lo anterior hay preocupación entre algunos sectores económicos, toda vez que la referida legislación podría brindarles beneficios especiales a poderosos sectores económicos involucrados en el proceso, como la exoneración del pago de impuestos y la compra de importantes extensiones de terreros a precios irrisorios, una especie de "atraco" a los pobres, con el respaldo de la ley.
Es por ello por lo que lo que se quiere evitar es que la reglamentación de la Ley 80 de 2012 se convierta en una nueva "prebenda" para que los ricos y privilegiados sean beneficiados con la exoneración de impuestos, o que suceda como en el pasado cuando un minúsculo grupo de "juegavivos" se aproveche económicamente de algunas iniciativas legales.
Aunque el 90% de los atractivos turísticos están fuera de la ciudad capital, la ocupación hotelera en el interior, exceptuando los complejos de playa, no supera el 30% en los fines de semanas que no son feriados.
Para la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), lo más difícil de la reglamentación ha sido explicar el concepto de "producto turístico" al resto de las instituciones encargadas de aprobar los incentivos y exoneraciones.
Entre las actividades que podrían acogerse a los incentivos de la Ley 80 de 2012 figuran el ecoturismo, turismo rural, deportivo, étnico, marino y cultural, entre otros.
Los incentivos fiscales van desde la exoneración por 15 años del impuesto sobre la renta hasta la exoneración de la tasa de introducción de vehículos y materiales que se vayan a utilizar para la operación turística.
La revisión de la reglamentación de la Ley 80 está en su etapa final y la misma fija incentivos para la construcción de infraestructura turística como hoteles y marinas, pero introduce un concepto nuevo, como la exoneración a los productos turísticos.
Aunque el 90% de los atractivos turísticos están fuera de la ciudad capital, la ocupación hotelera en el interior, exceptuando los complejos de playa, no supera el 30% en los fines de semanas que no son feriados.
Algunos grupos impulsan a trastienda esta reglamentación para beneficiarse en el futuro de un proyecto de desarrollo turístico en el área playera de la provincia de Coclé, donde en la actualidad se mantiene un litigio de tierras, destinadas para el desarrollo de proyectos para niños pobres.
Periodista
