Justicia constitucional y Sala V

La justicia constitucional, en nuestro medio, sin duda alguna, está a la zaga de los modernos institutos que en el ámbito del Derecho Constitucional han sido desarrollados e incorporados a sus respectivas constituciones y legislaciones, sobre todo en la mayoría de los países de Iberoamérica y que dan fe cierta de correlatos de independencia de una justicia constitucional frente a la justicia ordinaria, auténtica jerarquía constitucional de sus decisiones e independencia política.

No tenemos, como bien se sabe, una Corte Constitucional que sea independiente de la Corte Ordinaria –tradicional en Panamá-, sino que la constitucionalidad de nuestro orden jurídico está adscrita, su competencia, a la Corte proteiforme panameña que tiene que resolver Derecho Penal, Civil, Laboral, Administrativo, Agrario, Constitucional, Derechos Humanos, Internacional Privado, etc. Es una Corte “sabelotodo” que termina dando muestras de una aparatosa mora judicial, máxime, en materia de amparos de garantías constitucionales, “hábeas corpus”, demandas de inconstitucionalidad, etc. En la actualidad tramito una acción constitucional de “hábeas corpus”, que ya habrá de cumplir los tres meses calendarios. Resultado de esta leucemia forense: ineficacia de las instituciones de garantía de la libertad. La lectura final no es otra que concluir lo siguiente: la tutela efectiva de las libertades termina siendo una quimera en Panamá.

Como no podemos, vía constitucional, merced a que no está reconocida en el ámbito de nuestra Constitución, establecer una Corte Constitucional, entonces, entre tanto esto no suceda o advenga, hay que echar mano de un paliativo legal: la Sala de Garantías Constitucionales, siendo que ésta sí era posible instaurarla por Ley. Así ha sucedido. Sin embargo, merced al fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la Ley que derogó la Sala V, aún no se designan a los magistrados que la habrán de integrar.

Y mientras la justicia constitucional, en lo que respecta a las instituciones de garantías, sigue de tumbo en tumbo y escarnecida por quienes no creen en el funcionamiento de ésta a través de una Sala V, entre tanto entonan y repican tambores de una Corte Constitucional que aún no termina de consagrarse en textos constitucionales.

Vamos, la inmensa mayoría de los abogados que a diario litigamos estamos convencidos de que se requiere dicha Sala, entre tanto luchamos y lo seguiremos haciendo, para que la apetecida Corte Constitucional, o como quiera que se le llama –Tribunal Supremo Constitucional-, sea una realidad en nuestro amado país.

No podemos, de ninguna manera, dar la espalda a la realidad: cientos de amparos y de “hábeas corpus”, por no poner otros ejemplos de otras instituciones, duermen el sueño de los muertos y de los olvidados, mientras que la sociedad panameña reclama “justicia rápida, pronta e ininterrumpida”.

Abogado