Justicia inmediata

Hace exactamente un año, este diario destapó una serie de irregularidades en la adquisición de equipos en el Ministerio de Desarrollo Social, que a la postre han representado una lesión patrimonial de miles de dólares para el Estado.

En esa fecha, el director de Finanzas denunciaba los sobreprecios en la compra de pantalones reversibles, cuchillos y capotes que usarían los funcionarios de la institución en las giras que harían a los poblados para la entrega del dinero a los beneficiados del programa de 100 a los 70.

Como ejemplo de los sobrecostos, el MIDES adquirió capotes a 150 dólares, cuando en el mercado se encontraban a 37 dólares con 45 centésimos y cuchillos a 75 dólares.

Además, se hicieron transacciones con dos empresas que conformaban una misma sociedad, violando la Ley 22 de Contrataciones Públicas.

Tan solo un par de meses después, a través de un informe, la Contraloría General de la República ha validado la denuncia y resaltado que las irregularidades reportadas fueron provocadas por la falta de controles internos y anomalías en la recepción y entrega de los equipos.

También, la Contraloría descubrió supuestas diferencias entre el pliego de cargos y la orden de entrada de los bienes a la institución.

Sin embargo, lo más preocupante es que, en el documento oficial de la investigación, se menciona como "partícipe" al titular del MIDES, quien hasta la fecha solo ha respondido con contradenuncias de chantajes que solo han quedado en eso.

Más allá de que sea el ministro más popular de los que integran el Gabinete, por su exposición en los medios de comunicación, las pesquisas deberán llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar sus influencias dentro de las esferas de poder.

Las autoridades judiciales, que ya recibieron el informe de la entidad fiscalizadora de las finanzas públicas, tienen la obligación de aclarar de una vez por todas lo sucedido con el dinero de todos los panameños y demostrar que verdaderamente funcionan como órgano independiente.