Justicia internacional para todos
Human Rights Watch pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que solicite al Tribunal Penal Internacional (TPI) una investigación por crímenes de lesa humanidad en Siria, donde se acaban de descubrir 27 centros clandestinos de tortura. El bloqueo a sanciones contra el régimen de Bashar al-Assad por parte de Rusia y de China anticipa la inhibición del Consejo de Seguridad por el posible veto de alguno de sus cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Francia, Rusia, China y Gran Bretaña. El TPI no tiene otra vía de actuación porque Siria no ha ratificado el Estatuto de Roma por el que se rige el tribunal.
Pero tampoco lo han ratificado Rusia y China, ni Estados Unidos, que han cometido crímenes del mismo tipo contra chechenos, uigures musulmanes, afganos, iraquíes y nacionales de otros países. Ahí están las cárceles secretas de Europa del Este y de Oriente Medio, además de Bagram, en Afganistán, y Guantánamo, en Cuba. Malviven ahí presos que fueron detenidos de forma arbitraria, a veces a cambio de recompensas, sin derecho a un juicio justo, humillaciones y torturas. Ahora exigen justicia internacional quienes, en su guerra contra el terror, han creado la figura de “combatiente ilegal” para no reconocer los derechos a cualquier prisionero de guerra.
Por periodistas como Seymour M. Hersh, que destapó la masacre de My Lai hace décadas, se conocen las presiones de los servicios de inteligencia y las cúpulas militares a la policía militar de centros como el de Abu Ghraib para que implementaran métodos agresivos de interrogación. Pensaban que acabarían así con la “insurgencia” iraquí, cada vez más organizada y letal que lo previsto por Donald Rumsfeld y los entusiastas de las guerras teledirigidas.
Utilizaban perros para intimidar a prisioneros desnudos, palizas, posiciones incómodas hasta el desmayo, ruido, temperaturas extremas, violaciones y humillaciones sexuales.
La justicia no funciona cuando no existe igualdad ante la ley por parte de los distintos sujetos de derecho.
Esta falta de igualdad ante la ley internacional se remonta a la gestación del TPI. Estados Unidos condicionaba su apoyo a que se incluyeran moratorias y excepciones. Pretendía proteger a sus nacionales de posibles procesamientos por crímenes cometidos “en el ejercicio de funciones oficiales”. Además, Estados Unidos ha presionado al Consejo de Seguridad para que publique resoluciones que inhiban al tribunal a la hora de actuar sobre sus nacionales.
Sin menospreciar los logros de diez años y las investigaciones por genocidio y crímenes de guerra en Sudán, República Democrática del Congo, Uganda, República Centroafricana, Kenia, Costa de Marfil y Libia, todos en África, la nueva fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, tendrá que trabajar para incorporar a los ausentes porque la justicia es para todos. O no es justicia.
Periodista, coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
