Justicia para indígenas

Con muchas expectativas hemos recibido la noticia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, realizó una audiencia acerca de una demanda de pueblos indígenas contra el Estado panameño, por supuestas violaciones a sus derechos antes y después de la construcción de la hidroeléctrica Bayano, en 1976, durante el régimen del general Omar Torrijos.

Según la noticia publicada por el diario , el pasado jueves 3 de abril, en la audiencia celebrada, los jueces escucharon testimonios de indígenas de los pueblos guna de Madungandí y emberá de Bayano, así como los alegatos orales de representantes del Estado panameño, de los representantes de las víctimas y de la CIDH.

El representante de las víctimas, Licdo. Héctor Huertas (guna), es miembro del Centro de Asistencia Legal Popular de Panamá (CEALP). Huertas dijo a la agencia de noticias Acan-Efe que los indígenas fueron víctimas de la construcción de una hidroeléctrica que inundó sus territorios en 1976 y que no fueron indemnizados adecuadamente.

Hoy que están por construirse hidroeléctricas en territorios de campesinos indígenas y latinos, como la de Barro Blanco, tal como lo dijo Huertas, este caso puede ilustrar mucho a los Estados latinoamericanos a través de una sentencia que cree jurisprudencia con respecto a las construcciones hidroeléctricas que afecten poblaciones indígenas. Las comunidades indígenas tienen derecho a recibir información previa, oportuna y directa antes de realizar un proyecto en sus tierras.

En la década de 1970 se inundaron 35,000 hectáreas de terreno con las aguas del río Bayano, para construir la hidroeléctrica Ascanio Villalaz en el oriente de la provincia de Panamá. Los estudios comenzaron en los años 60. En ese entonces, en el valle del Bayano vivían miles de gunas y emberás, y cientos de colonos de las provincias de Herrera y Los Santos.

Torrijos no pudo convencer a los indígenas ni a los colonos y varias comunidades del valle del Bayano nunca llegaron a un entendimiento, pero terminaron por irse, contra su voluntad, al inundárseles sus tierras. La propaganda del gobierno de Torrijos decía que la represa iba a desarrollar el área este de Panamá y ofreció indemnizaciones que nunca cumplió, a pesar de que los indígenas son dueños, por derecho histórico, de sus tierras. Hoy, aquellas comunidades afectadas siguen siendo tan pobres como en el tiempo de Torrijos. Que se haga justicia es nuestro deseo.