Justicia parcializada
El concepto de justicia envuelve necesariamente una serie de condiciones que, sin ellas, este se transforma en todo lo contrario: la falta de un trato justo para los ciudadanos que acuden a la administración judicial a reclamar lo que en derecho les corresponde.
La palabra justicia se deriva del término latino iustitia que denomina la virtud cardinal que supone la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le pertenece o le concierne. Es decir, hacer lo razonable, lo equitativo, lo indicado por las normas legales vigentes.
El Estado, representado por el ius puniendi ejercido por el Ministerio Público y por el Órgano Judicial, tiene la obligación de garantizar que la justicia se aplique bajo los preceptos procedimentales y filosóficos que exigen nuestras leyes.
Cuando en las actuaciones de los funcionarios de instrucción y de los administradores de justicia se evidencian intereses personales y de grupos, se rompe con el precepto fundamental de justicia, que implica la equidad, el balance y el trato justo, sin ningún tipo de apremio.
La forma como se conducen los fiscales y magistrados en Panamá en los casos de supuesta corrupción que atienden deja en evidencia que existe un grupo de personas que goza de la protección de un poder supremo, extramuros en la justicia.
Mientras a unos se les aplican normas legales rigurosas, que incluso no caben en determinados delitos, a otros se les conceden libertades injustificables o simplemente se les mantiene fuera del alcance de las pesquisas.
El poder supremo que mete sus manos en la administración de justicia panameña para torcer el debido proceso y violentar las garantías fundamentales ha creado, de facto, una especie de inmunidad superior a cualquier fuero que existió o pueda existir en este país: el amiguismo, el compadrazgo o simplemente el ser miembros de un mismo partido político.
Sencillamente, las normas legales en el país tienen significados diferentes, dependiendo de a quién se le pretenda aplicar. En Panamá, la justicia no es ciega, se ha quitado la venda para actuar de forma conveniente, selectiva, protegiendo a unos y persiguiendo implacablemente a otros. Una justicia parcializada dista abismalmente de lo que los ciudadanos esperan y exigen.
Nuevamente se pisotean los preceptos constitucionales que consagran que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y que no habrá fueros ni privilegios. Y no lo dicen solo los imputados y sus abogados, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) exigió en un comunicado que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia, para que la justicia se aplique de manera transparente y transversal, tanto a funcionarios como particulares involucrados, sin excepciones.
La falta de transparencia en la justicia y la injerencia de fuerzas externas son una situación obvia. Esta coyuntura puede pasar a la historia como la época en que se montó la mayor cacería legal selectiva en los anales de la patria.
