Justicia reiterativa: ¿estamos preparados?
En Panamá, en las últimas cuatro décadas, el crimen -sobretodo el delito de homicidio- ha tenido un gran impacto e inclusive se ha diversificado en nuevas formas de comisión delictiva, tal es el caso de los ajusticiamientos. Sin embargo, según datos estadísticos del Siec (Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales) y otros levantados por esfuerzos periodísticos, las cifras han bajado por la labor realizada por la Policía Nacional.
Según un artículo publicado en un diario local, en 2011, la tasa de homicidios en el mundo era de 9 por cada 100,000 habitantes, teniendo en cuenta que una cifra superior a esta era considerada como una epidemia por la Organización Mundial de la Salud, y estando nuestro país por arriba de la misma en ese momento.
El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, en 2012 informó a la comunidad nacional que la tasa de homicidios había bajado de 24 a 13.5% y que con referencia al año 2010 había disminuido 55 homicidios. En el año 2012, el Siec destacó que en el país ocurrieron 665 homicidios con una tasa de 18 por cada 100,000 habitantes, 2.8 puntos menor que el año anterior. Dato importante fue que disminuyó el número de homicidios en mujeres de 49 a 43 en el territorio nacional.
No obstante, la cantidad de delitos que ocurren en el país es alta y se requiere de esfuerzos del sistema de justicia para investigar, capturar, procesar y encarcelar a los delincuentes, lo que involucra tiempo, dinero y una labor continua.
En muchos homicidios que pasan desapercibidos, los actores -como la familia y el Estado- sufren erogaciones y/o pérdidas sustanciales, como el costo del proceso penal, el costo del sistema penitenciario por unidad homicida, salarios que se han dejado lícitamente de percibir por el homicida, y la pérdida de la unidad productiva en el hogar por efecto del homicidio, además del daño psicológico y emocional sobre los familiares afectados.
Hay que analizar todas las relaciones, tanto económicas como emocionales, que se derivan al cometerse un homicidio. La pérdida se observa tanto analizando al homicida como los efectos que deja la víctima en su núcleo familiar.
La Justicia restaurativa tiende a la reforma de la Justicia penal y plantea que el daño es contra una persona y las relaciones interpersonales, mientras la Justicia penal señala que se violenta la norma jurídica afectando de esta forma al Estado.
Según lo que indica la Justicia Restaurativa, la víctima tiene la oportunidad de poder expresarse libremente en un medio de libertad y garantizando el respeto a su persona e integridad, participando en el hecho de cómo el ofensor deberá realizar la reparación del daño generado.
La Justicia restaurativa posee varias fases, “el encuentro”, “la reparación”, “la reintegración”, y “la participación” o “la inclusión”. En el encuentro, la víctima y el ofensor están frente a frente y pueden estar presentes otros miembros de la comunidad para apoyar en el proceso. Después se produce la reparación, en la cual la Justicia restaurativa permite la devolución o restitución de la cosa en función del pago de dinero si de eso se trata, o restituir mediante trabajo que beneficie a la víctima y a la comunidad.
Posteriormente se da la reintegración, en la que debe existir un grado de tolerancia visible que permita aceptar la presencia del victimario y de la víctima para poder reintegrarlos a la comunidad de forma efectiva y productiva. Y finalmente la participación o inclusión, que significa el interés de que las partes interesadas en un delito sean partícipes en la resolución del mismo.
Algunos programas utilizados en la Justicia restaurativa son: mediación entre víctima y delincuente, reuniones para restaurar, círculos, asistencia a la víctima y a exdelincuentes, restitución, y los servicios a la comunidad. En Panamá se están realizando los Círculos de Paz, que consisten en reunir grupos de personas en ambientes seguros y buscar solución de conflictos como resultado de la comisión de delitos. Es una metodología dentro de la Justicia restaurativa y en la que participan el ofensor, la víctima, familiares y la comunidad si lo amerita. Si reguláramos el uso de la Justicia restaurativa en Panamá, evitaríamos una serie de procesos y costos que se producen en la Justicia penal.
