Justicia social: Del Monte y de allá
Recientemente se dio a conocer que el Estado panameño, a través de un Consejo de Gabinete, aprobó un contrato con la transnacional Del Monte, pero por ella su filial en Panamá, la empresa Banapiña de Panamá, S.A. El acuerdo debe pasar por una serie de pasos: 1. Primero debe ser refrendado por la Contraloría; 2. Luego ser enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional de Diputados para su aprobación por parte del hemiciclo panameño. De dicho acuerdo o contrato se ha dicho que tendrá un impacto positivo en el incremento de las exportaciones agropecuarias del país. Según se ha divulgado, en dicho acuerdo o contrato se proyectan: 1.Una productividad promedio de 2,700 cajas de banano por hectárea anualmente; 2. El arriendo de unas 1,700 hectáreas de propietarios individuales y 4,034 hectáreas de la nación, dadas en concesión a la empresa, sumando en total 5,734 hectáreas; sin embargo, se ha dicho que un total de 5,804 hectáreas, aproximadamente, se incorporarán a la producción bananera en la región de Barú. También se ha divulgado que la empresa Del Monte, por su parte, consignará una fianza de cumplimiento del 5% por el total de la inversión -100 millones- durante un periodo de 7 años. Ese 5% corresponde a 5 millones.
Un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado indicó que Banapiña Panamá, S.A., realizará la inversión mínima de 100 millones durante esos años y ello se dará en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. Específicamente, en los distritos de Barú y Alanje, en Chiriquí, y en el distrito de Chiriquí Grande, en Bocas del Toro. A la trasnacional le serán otorgados incentivos de índole fiscal por un lapso de 20 años, siendo que pueden ser negociados antes de la prórroga del contrato por 20 años más. La compañía Del Monte a su vez va a estar sujeta al pago de los siguientes impuestos: impuestos de dividendo, impuestos complementarios e impuestos municipales, retención de Impuesto Sobre la Renta por remesas que se hagan al exterior en concepto de regalías y de honorarios u otros.
Ahora bien, creo que nadie se opone, como cuestión necesaria precisar, a la reactivación de estas y otras zonas, fundamentalmente, en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, tradicional e históricamente conocidas como zonas de producción bananera. Y sostenemos que nadie se opone, merced a la necesidad de abrir plazas de trabajo en dichas áreas que fueron golpeadas, terriblemente, tras el cierre de la empresa anterior y con ello, obviamente, las consecuencias sociales que surgieron de inmediato: desempleo, precariedad hogareña o familiar, pobreza, en fin. Nadie diría que no se requiere reactivar dichas zonas. Esto es incuestionable.
Pero hay algo que, sin duda alguna, también deviene en incuestionable e insoslayable, sobre todo para los diputados que tendrán en sus manos la sagrada tarea de aprobar o no el contrato que el Ejecutivo les someterá a su consideración y convertirlo en un Contrato Ley. Se trata de la posición que debe asumir el Gobierno Nacional, de modo responsable y puntual, frente al gran número de familias, todos ellos panameños y panameñas, que desde hace casi 20 años vienen trabajando y haciendo producir un aproximado de 1001 hectáreas. En dicho hectareaje estos cientos de panameños ellos vienen sembrando, a gran escala, plátanos, bananos, papayas, palmas aceiteras, café, etc. Vienen supliendo el consumo del mercado nacional durante todos estos años. El Mida les ha entregado miles de plantones de café y ya existen no pocas hectáreas sembradas. ¡Qué contradicción¡ ¿Qué hará el Gobierno Nacional con estos panameños? Es una pregunta que tanto el señor presidente de la República tendrá que responder con categoría de estadista y los diputados con seriedad singular.
El propio Código Agrario, al ser ellos trabajadores de parcelas agrarias, les da la prioridad por encima de cualquier otro. ¡Adelante Del Monte!, pero sin menoscabar ni pisotear a nuestra propia gente. Sin duda alguna, no perdemos la visual de que el Estado protegerá a nuestros compatriotas haciendo que se respeten las hectáreas que vienen trabajando y haciéndola producir.
Abogado
