Justicia y política
Recién la comunidad nacional tuvo conocimiento del acuerdo entre el señor fiscal Pedro Miguel González y la defensa del magistrado separado Licdo. Alejandro Moncada Luna, mediante el cual este último acepta en calidad de autor de dos de los cuatros delitos, a cambio de no tenerlo como imputado por los delitos de blanqueo de capitales y peculado; adicional a ello, la aceptación de una pena de cincos años. Se trata de una salida que una vez que sea aceptada por la subcomisión parlamentaria, que actúa en calidad de jueces de garantías, se tendrá como cosa juzgada, y el Licdo. Alejandro Moncada Luna tendrá que cumplir la pena, a la cual accedió en el acuerdo arriba mencionado.
El acuerdo se encuadra como viable dentro de las normas que regulan o hacen parte del Sistema Penal Acusatorio. Sin embargo, en un medio o coyuntura, donde la opinión se encuentra indignada por los actos de corrupción que están saliendo a flote y que exige justicia, clamando penas para los que dentro y fuera de la administración del Estado, se hicieron de los dineros del erario, que son de todos los panameños, el acuerdo de marras, para un gran segmento de la población, ha sido recibido con muchas reservas y decepción, sobre todo porque no se entiende cómo el fiscal Pedro González, quien alardeaba de tener un caso robusto, una muralla de pruebas impugnables para probar los cuatros delitos que se le atribuían al magistrado, accede a un arreglo en los términos mencionados.
Los argumentos y conjeturas van y vienen; para algunos se trató de un arreglo, amparado por el paraguas de la política; se rumoraba que no había los suficientes votos en la Asamblea Nacional para conseguir una sentencia de condena. Lo cierto es que en este juicio, esta instancia de naturaleza política, en función de jueces, se jugaba más su maltrecha legitimidad social. En grado significativo, el acuerdo oxigena a este órgano del Estado, y lo libera de tan pesada carga.
Además, las conciencias legos no entienden el alcance del acuerdo y lo ven como un trato especial que se le dispensa al imputado, que da cuenta de que en nuestro país la justicia sí discrimina entre los de arriba y los de abajo.
Como abogado penalista y conocedor del sistema acusatorio garantista, me siento obligado a señalar desde la perspectiva legal y humana, que este aboga por una justicia, que si bien apunta el resarce del daño que se le ocasiona a la sociedad y al Estado, lo hace sin perder de vista la consideración humana del imputado y procesado. Esto aplica para todos los mortales, sin discriminación de ninguna naturaleza. Se trata de un proceso en el que priva como esencia o ratio, la condición antropocéntrica.
En una sociedad, en la que ha prevalecido históricamente la contra cultura de la corrupción y el nada pasa, tengo que reconocer que el acuerdo mencionado sí envía mensajes positivos, en el sentido de que no es tan cierto que el que la hace no la paga. El Licdo. Alejandro Moncada Luna habrá de cumplir con la pena de cinco años y el resto de la pena accesoria.
