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La corrupción rivaliza con los valores sociales


Omar O. López Sinisterra (opinion@epasa.com) / Abogado y criminólogo

En casi todo el mundo existe la corrupción; flagelo que está afectando economías, gobiernos, sociedades, y que irrumpe en el esquema social de valores y principios positivos que se inculca a las poblaciones a través de los procesos educacionales, sociales, y de la vida misma. No es raro observar en los medios de comunicación de nuestros países de América Latina, pasajes y experiencias que afloran muestras de hasta dónde penetra la corrupción y sus consecuencias.

Sin embargo, en nuestra Latinoamérica existe una heterogeneidad en lo que refiere a este fenómeno, existiendo una baja percepción en unos, y alta percepción en otros, lo que nos podría llevar a utilizar las experiencias de los países con una baja percepción en cuanto a sus políticas, estrategias y a los procesos para mantenerse lejos de este terrible flagelo.

Muchas veces la corrupción pasa desapercibida, en otros casos tolerada, en otros solapada y encubierta, y en otros casos solo emergen a la luz casos sin importancia relativa. Pero la corrupción tiene injerencia en todos los procesos que hacen la vida en los diferentes países; afecta el ámbito económico porque altera los mecanismos de asignación eficiente del mercado y no estimula la inversión porque crea incertidumbre en relación a los resultados esperados; y penaliza bajo determinadas condiciones el crecimiento. (1) De gran importancia y sobre todo en nuestro país, es el grado de afectación que tiene la corrupción sobre el ámbito social, pues se constituye en un detractor de los recursos públicos destinados a los programas de orden social. Generalmente se afectan programas de salud, educación, de bienestar social e inclusive otros sectores como el agropecuario.

Según el autor José Antonio Alonso, otro de los rasgos importantes de la corrupción y de difícil tratamiento es erradicar el fenómeno cuando su avance se generaliza y se torna crónico, lo que genera, a nuestro criterio, una cultura de aceptación, tolerancia y uso que a modo y conveniencia rivaliza con los esquemas de valores y principios positivos de la sociedad. Es como el cáncer que avanza y destruye tejidos en este caso sociales.

Esta cultura es de alta peligrosidad cuando en sus resultados pasa desapercibida y peligrosamente no penalizada, va creando un clima de aceptación y de imitación, que termina por incorporar de forma natural el esquema de la corrupción. Y es que la corrupción va creciendo en proporción geométrica potencializando prácticas que son copiadas en diferentes ámbitos. Lo difícil de combatir de la corrupción es cuando yace esta cultura y es aceptada normalmente por parte del conglomerado social. Este fenómeno se caracteriza porque hay una carencia de respuestas normativas y sociales, por lo que se abren extensas brechas en donde puede crecer y desarrollarse en nuestras instituciones públicas y privadas.

El enriquecimiento ilícito, encubierto por normativas y procesos que permiten este tipo de conducta en el fenómeno de la corrupción, verdaderamente, tiene un impacto negativo sobre los programas de orden social, en los que miles de personas se afectan mientras uno o pocos se benefician mediante este flagelo.

Si los valores positivos sociales inmersos en nuestra cultura están desfalleciendo o en estado de raquitismo crónico, el fenómeno de la corrupción seguirá afectando estructuras y pueblos, de tal forma en que finalmente sus resultados invocarán una revolución social sustentada en carencias y necesidades primarias en nuestras sociedades.

Cuando nos referimos al costo del delito y sus consecuencias, tenemos que analizar también los hechos de violencia que acaecen, los delitos denunciados y los que no son denunciados, los costos directos e indirectos de los mismos, y su impacto económico-social. Determinar el costo social del delito es una actividad muy compleja, en donde existen muchos factores intervinientes e interactuantes, lo que significa que un equipo interdisciplinario debe atender esta problemática y determinar cuál es el llamado costo social del delito y sus consecuencias. Los resultados del mismo deben servir inmediatamente a las entidades de seguridad del Estado como un insumo obligatorio para la creación de programas preventivos y el control efectivo del delito. (1) www.anuarioiberoamericano.es/pdf/2012/analisis/jose-antonio-alonso.pdf

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Viernes 14 de agosto de 2026